Actualizado Martes,
agosto
13:15La unanimidad de los miembros del Consejo de Garant�as Estatutarias de Catalu�a (CGE) ha advertido este martes de que la proposici�n de ley para limitar las compras especulativas de vivienda vulnera varios art�culos del Estatut catal�n y de la Constituci�n espa�ola.La proposici�n de ley fue registrada en el Parlament por Comuns y pactada con el Govern, que acordaron su tramitaci�n de urgencia el pasado julio con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP. La oposici�n fren� el proceso, que se retomar� el pr�ximo septiembre.Posteriormente, Junts y el Partido Popular Catal�n solicitaron al CGE un an�lisis de la propuesta. El organismo, creado y supervisado por la Generalitart, tiene un car�cter consultivo.Y su dictamen, al que ha tenido acceso Efe y que no es vinculante, condena que, por un lado, la tramitaci�n por lectura �nica no permita la participaci�n de entes de representaci�n local (como Ayuntamientos), algo que ya hab�an denunciado las empresas de construcci�n catalanas. En m�s detalle, el CGE se�ala que este r�gimen de tramitaci�n -con el que se acortan los plazos de tramitaci�n- vulnera en este caso el art�culo 138 del reglamento del Parlament y el 23.2 de la Constituci�n. Recuerda que, seg�n la doctrina establecida por el propio CGE, se requiere cumplir con los requisitos de "naturaleza" y "simplicidad" para optar por este procedimiento legislativo. Adem�s, el hecho de que el Consell de Governs Locals y entidades municipalistas no hayan podido participar en la elaboraci�n de la proposici�n de ley, asimismo, vulnera el art�culo 85 del Estatut.Porque, precisamente, la proposici�n de ley plantea una reforma de la ley de urbanismo para que los ayuntamientos puedan limitar el n�mero de viviendas que puede tener una persona en las zonas tensionadas y condiciona su adquisici�n a que se destine a vivienda habitual (o a una segunda residencia, con m�s condiciones a�adidas).Por el otro, consideran que el texto vulnera las competencias del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales, los derechos a la propiedad y a la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jur�dica. M�s concretamente, censura el primer art�culo de la proposici�n de ley y todos los preceptos vinculados a este, puesto que no respeta el art�culo 129 del Estatut y vulnera el 149.1.8 de la Constituci�n, relativo a las bases de obligaciones contractuales, y afecta a "la regla b�sica de la autonom�a de la voluntad y la libertad de pactos".Los l�mites a la propiedad previstos en la iniciativa, asimismo, vulneran el derecho a la propiedad privada y a la herencia (art�culo 33 de la Constituci�n): se contempla "un vaciamiento de la utilidad individual de la propiedad" y "una carga individual excesiva o desproporcionada", seg�n el dictamen.Libertad de empresa y seguridad jur�dicaDe acuerdo con el CGE, el texto tambi�n es contrario al art�culo 38 de la Constituci�n, ya que impone "un sacrificio absoluto de la libertad de empresa de todas las personas f�sicas que quieran operar en el sector de la vivienda" y es una "injerencia excesiva" en cuanto a lo que pueden hacer las personas jur�dicas. A la proposici�n de ley, asimismo, le falta "certidumbre y previsibilidad", lo que seg�n el dictamen contraviene el art�culo 9.3 de la Constituci�n, esto es, el principio de seguridad jur�dica.Y, ante esta �ltima vulneraci�n detectada por el CGE, las reacciones no han tardado en llegar. La Asociaci�n de Promotores y Constructores de Edificios de Catalu�a (APCE), mediante un comunicado, ha exigido la retirada de la propuesta. "El dictamen es demoledor y deja claro que esta proposici�n de ley no se sostiene ni por las formas ni por el contenido. Exigimos su retirada inmediata", reclama Xavier Vilajoana, presidente de la APCE (a nivel nacional) y APCE (a nivel regional). Considerna que "legislar con urgencia sobre problemas complejos acaba generando una mayor inseguridad jur�dica, reduciendo la oferta y dificultando a�n m�s el objetivo compartido de incrementar el acceso a la vivienda", para el que piden consenso, rigor y estabilidad normativa en las medidas.
