La Comisión Europea ha abierto una nueva investigación por los laudos por el recorte de las primas de las energías renovables en 2013. En esta ocasión, el Ejecutivo comunitario ha anunciado que ha abierto una investigación exhaustiva para evaluar si la indemnización de 23,5 millones de euros (unos 32 millones de euros al sumar los intereses) abonada por parte de España a la japonesa JGC Corporation, tal y como obligó un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte de arbitraje del Banco Mundial, puede suponer una ayuda estatal contraria a la normativa europea.Bruselas abre esta segunda investigación, después de que en marzo de 2025 eximiera a España de abonar la compensación de 101 millones de euros al fondo luxemburgués Antin (cuyos derechos en este pleito fueron transferidos a Centerbridge) por este mismo asunto. La Comisión sentenció que la indemnización reconocida mediante un laudo es una “ayuda estatal ilegal” incompatible con las reglas europeas en la materia. De este modo, respaldó una de las principales líneas de defensa de España en todos los procedimientos abiertos por el tijeretazo a las retribuciones de las renovables basado en que la justicia europea había limitado los arbitrajes vetó los arbitrajes entre inversores europeos y Estados miembro de la Unión Europea.Sin embargo, este pronunciamiento abrió la puerta a que representantes del Gobierno de España y del fondo Blasket Renewable Investments, que cuenta con los derechos de representación legal y cobro de muchos de estos pleitos (entre ellos el de JGC), iniciaron una vía de negociación para resarcir, al menos, los daños de los inversores extracomunitarios. En esta línea, el Gobierno accedió a pagar la primera y única indemnización de la casi treintena que están pendiente, la relativa a la empresa japonesa JGC, que invirtió en dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explicaron en junio de 2025 que el abono se efectuó después de recibir la aprobación preceptiva de la Comisión Europea, para evitar precisamente que fuera declarada ayuda de Estado ilegal; y que el abono se efectuó con parte del dinero que ya había sido bloqueado como medida cautelar en Bélgica en julio de 2024 de los derechos de crédito que España recibe de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), vía Enaire, en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo.Sin embargo, la Comisión Europea considera ahora, de manera preliminar, que el laudo dictado por el Ciadi en 2021 y su ejecución “constituyen ayudas estatales” incompatibles con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), “ya que otorgan a JGC una ventaja equivalente a las previstas en el régimen español de 2007″, un plan que, según recuerda, no fue notificado tal y como establece la normativa europea. Cuatro inversores extra-UELa batalla entre inversores y España se remonta a 2007 cuando los incentivos a la producción de electricidad a partir de energías renovables aprobados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supusieron un gran atractivo para inversores extranjeros. Pero el cambio de regulación, primero en 2011 para las fotovoltaicas, y después en 2013, ya con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, mediante la reforma del sector eléctrico con el objetivo de paliar un elevado déficit tarifario con las eléctricas, provocó que estas retribuciones se vieran disminuidas. Los inversores entendieron que España había roto su promesa de grandes beneficios, por lo que amparados en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) ―que tanto España como la UE han abandonado― acudieron en avalancha a distintas cortes de arbitraje para reclamar indemnizaciones millonarias. Desde entonces, 51 demandas de arbitraje han sido presentadas contra España, de las cuales, hasta la fecha, se han resuelto 29 a favor de los inversores y 18 han dado la victoria a España. De los más de 10.000 millones de euros en total que se reclamaron inicialmente, las cortes de arbitraje han reconocido indemnizaciones por alrededor de 1.800 millones de euros, cuantía que se eleva hasta los 2.300 millones si se tienen en cuenta intereses de demora, costas judiciales y otros recargos. Dentro de esas indemnizaciones se encuentra la reconocida a JGC, así como las reconocidas a otros tres a inversores extra-UE. Tras el informe de Bruselas sobre el caso Antin, fuentes de Transición Ecológica estimaron que España solo se vería obligado a desembolsar unos 200 millones de euros a estas cuatro compañías extranjeras, aunque matizaron que los pagos deben ser autorizados en cualquier caso por Bruselas. Mientras tanto, los fondos oportunistas que han adquirido los derechos de estos pleitos están ejerciendo medidas de presión a España en distintas jurisdicciones extracomunitarias, como Estados Unidos, Reino Unido o Australia (aunque también a alguna dentro de la UE como Bélgica) para solicitar el reconocimiento y ejecución de los laudos, así como el embargo de bienes y activos españoles en dichos países para garantizar las indemnizaciones ante la persistencia del impago.