Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación para determinar si el pago de una compensación de 23,5 millones de euros que España realizó a la japonesa JGC Holdings Corporation, por el recorte a las energías renovables de 2013, constituye una ayuda de Estado ilegal conforme a las normas comunitarias de competencia.
Bruselas sospecha que el laudo arbitral que obligó a España a indemnizar a la compañía -y su posterior pago- pudo otorgar a JGC una ventaja económica equivalente a la del régimen de apoyo a las renovables de 2007, que España no notificó a Bruselas.
En 2013, modificó esos términos y los aplicó también a instalaciones que ya recibían ayudas desde 2007, recordó la Comisión en un comunicado.
El nuevo régimen sí fue notificado a Bruselas, que lo aprobó en 2017, advirtiendo entonces que cualquier compensación que un arbitraje concediera por los cambios de 2013 podría constituir ayuda de Estado, y, por tanto, corresponde a la CE su autorización.
JGC, que había invertido en renovables españolas al amparo del régimen de 2007, recurrió al arbitraje del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y, en 2021, un tribunal condenó a España a pagarle 23,5 millones de euros más intereses.
