La resolución de la justicia belga se opone a la Comisión Europea, que apoya al Gobierno de España en su negativa de imdemnizar a las compañías extranjeras
Nuevo capítulo en la batalla judicial entre España y las empresas internacionales a las que el Gobierno nunca pagó las retribuciones prometidas por invertir en energías renovables en suelo español, y cuyo cobro, una década después, siguen reclamando. Según fuentes cercanas a los fondos de inversión que representan a estas compañías, la justicia belga ha autorizado el embargo de 482 millones de euros a la empresa pública española Enaire como mecanismo para “garantizar el resarcimiento del acreedor”, en este caso el fondo de inversión OperaFund.
No es la primera vez que este país toma esta medida: en julio ya embargó 207 millones de euros en favor de la compañía japonesa Eurus Energy, filial del grupo Toyota, y también, en aquel caso, a través de Enaire, compañía matriz de Aena. En dicho proceso, la deuda existente asciende a 106,2 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que la deuda española con las compañías afectadas alcanza los 2.292 millones de euros y se encarece a un ritmo diario de más de 100.000 euros.
La medida que ha dictaminado el juez belga se produce días después de que la Comisión Europea reiterara su respaldo a los servicios jurídicos españoles, que niegan cualquier obligación de indemnizar a estas compañías. Bruselas abrió un expediente a Bélgica por los procedimientos judiciales iniciados para ejecutar los laudos arbitrales.
