La justicia belga tiene en curso procedimientos, a solicitud de inversores perjudicados y fondos oportunistas, que han supuesto el bloqueo de bienes españoles, como pagos a Enaire
La Comisión Europea se mantiene en firme sobre la no validez de los arbitrajes presentados contra España por el recorte de las primas de las renovables hace más de 10 años. El Ejecutivo comunitario ya se manifestó en contra de que España indemnice a empresas cuyas retribuciones prometidas por invertir en energías renovables se vieron mermadas y tildó estos pagos de ayudas ilegales de Estado. En este contexto, el organismo que preside Ursula von der Leyen ha abierto un expediente a Bélgica por los procedimientos judiciales iniciados en dicho país para ejecutar los laudos arbitrales y ha advertido que estos litigios entre inversores europeos y Estados miembros están vetados, de acuerdo al derecho y jurisprudencia europea.
El recorte retroactivo de las primas prometidas por impulsar las energías solar y eólica en España comenzó a darse al final del mandato del socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y de forma más drástica en 2013 con la reforma eléctrica que acometió el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Desde entonces, España ha afrontado 51 demandas en cortes de arbitrajes iniciados por inversores y fondos oportunistas que han adquirido la representación y, en muchos casos, los derechos de cobro en estos pleitos para reclamar una indemnización, invocando la violación del Tratado de la Carta de la Energía. Por el momento, 27 de estas acciones han concluido con un fallo en contra del Estado español, lo que ha motivado a los demandantes a pedir a tribunales de distintos países el reconocimiento y ejecución de dichos laudos para poder comprar las compensaciones reconocidas.
