Los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen este martes por videoconferencia para abordar la crisis migratoria de Ceuta en un encuentro que llega marcado por el choque entre España y buena parte de los Estados miembros. Sobre la mesa están el control de la frontera exterior, la cooperación con Marruecos, los movimientos secundarios dentro de la UE, la posibilidad de reforzar la presencia de Frontex y las medidas que varios gobiernos quieren impulsar para acelerar retornos y endurecer la entrada irregular. El Ejecutivo español llega a la cita defendiendo que recuperó el control de la frontera en menos de 48 horas, impidió que los recién llegados alcanzaran la península o cualquier otro Estado miembro y logró que la inmensa mayoría regresara a Marruecos. También acude con cuentas pendientes con los gobiernos que, a juicio de la Moncloa, aprovecharon la crisis para obtener rédito político con sus ataques a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez e incluso con peticiones de suspender a España del espacio Schengen. Por su parte, varias capitales cada vez más inclinadas hacia posiciones restrictivas en materia migratoria exigirán garantías de que una entrada de estas dimensiones no vuelva a repetirse en territorio comunitario. El pasado sábado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, enviaron a raíz de lo ocurrido en Ceuta una carta a la cúpula de la UE respaldada por otros 20 dirigentes, todos menos los de España, Francia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, a cuyo primer ministro, Micheál Martin, iba dirigida la misiva, dado que su país ejerce la presidencia de turno del Consejo. La misiva reclamaba una “videoconferencia extraordinaria” de los ministros del Interior —la que se celebra hoy—, pedía reforzar el control de la frontera exterior y señalaba las regularizaciones masivas aprobadas por el Gobierno español como un posible factor de atracción a la inmigración indocumentada. Sánchez respondió con otra carta en la que acusó a varios gobiernos de actuar por “prejuicio, noticias falsas, ignorancia o interés político” y de adoptar posiciones contrarias al derecho europeo, al derecho humanitario y al principio de solidaridad. También pidió que la reunión de este martes reafirmara que las fronteras exteriores son una responsabilidad compartida y no una carga exclusiva de los países situados en primera línea. TE PUEDE INTERESAR Este lunes, la presidenta de la Comisión hizo un ejercicio de equilibrismo para respaldar la actuación de España en la crisis sin desautorizar a la mayoría de capitales. Von der Leyen envió una carta a Sánchez en la que elogió el rol de las autoridades españolas y marroquíes a la hora de gestionar las devoluciones de inmigrantes en Ceuta. Al mismo tiempo, asumió buena parte de las prioridades defendidas por halcones migratorios de la Unión, pidiendo reforzar las fronteras, mejorar la vigilancia y recurrir a barreras físicas cuando sea necesario. También propuso intensificar la cooperación con países de origen y tránsito, crear sistemas de alerta temprana, desmantelar redes de tráfico y acelerar las expulsiones. Pero los ánimos continuaban encendidos en la previa del encuentro. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, acusó este lunes a varios gobiernos europeos de no haber estado “a la altura” y señaló directamente al Ejecutivo de Giorgia Meloni, al que reprochó haber amplificado informaciones falsas sobre la seguridad de Schengen. Albares recordó que Italia registra más entradas irregulares que España y sostuvo que Madrid sí respaldó a Roma durante sus repetidas crisis migratorias en Lampedusa. “Vamos a exigir solidaridad a todos los Estados de la UE”, adelantó sobre la reunión de este martes. TE PUEDE INTERESAR Más allá de Ceuta, el enfrentamiento refleja el creciente aislamiento de España dentro de la UE en materia migratoria. El Gobierno de Sánchez ocupa una posición cada vez más excepcional entre los Veintisiete al defender una línea relativamente aperturista, mientras buena parte de sus socios ha situado la contención de las llegadas, las expulsiones rápidas y la externalización de las fronteras en el centro de su agenda. El consenso es diametralmente opuesto al de 2015 y 2016. En aquel entonces, durante la llegada masiva de refugiados sirios, el debate europeo giró en torno al reparto de solicitantes de asilo, la acogida y las obligaciones humanitarias. También hubo cierres de fronteras y una fuerte reacción interna, pero aún existía espacio político mayoritario para defender una respuesta basada en la protección. Una década después, medidas antes consideradas extremas —centros de retorno fuera de la UE, tramitación del asilo en terceros países o barreras físicas— forman parte del repertorio habitual de los gobiernos y las instituciones europeas. Frontex y Marruecos, los temas más divisivos De los temas en la agenda de este martes, el rol de Frontex será uno de los puntos más incómodos para España. El ejecutivo de Sánchez pide que la frontera sea considerada una responsabilidad europea, pero defiende que su control siga estando en manos nacionales. Frontex ya dispone de personal en Ceuta, Canarias y varios tramos de la costa andaluza. La Comisión ha ofrecido aumentar su apoyo, pero el Gobierno español no ha solicitado hasta ahora un despliegue mayor. Tampoco lo hizo en crisis anteriores. Tras la llegada masiva a Ceuta en 2021 y el aumento de entradas en Canarias en 2024, el Ministerio del Interior rechazó ampliar el papel de Frontex y sostuvo que el país contaba con recursos suficientes. Pero el mayor quebradero de cabeza, en el que tanto España como el resto de la UE deben caminar con pies de plomo, es el de cuál debe ser la relación con Marruecos tras esta nueva crisis migratoria. Por ahora, tanto España como Marruecos sostienen que la entrada masiva en Ceuta fue alentada por redes de tráfico y por mensajes difundidos en redes sociales que presentaban una reciente sentencia del Tribunal Supremo español como si hubiera eliminado las devoluciones inmediatas en la frontera. Esa versión, sin embargo, deja sin explicar cómo más de 50.000 personas pudieron desplazarse hasta la ciudad, concentrarse durante horas y superar los dispositivos fronterizos sin que las fuerzas de seguridad marroquíes reforzaran la zona o cortaran los movimientos antes de que comenzaran los cruces. TE PUEDE INTERESAR El Gobierno español ha evitado acusar directamente a Rabat. Albares ha insistido en que Marruecos colaboró desde el primer momento en el retorno de quienes habían cruzado y que no exigió contrapartidas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, elevó algo más el tono este lunes al reclamar al Gobierno marroquí que “llegue hasta el final” para aclarar quién organizó, consintió o toleró la movilización de decenas de miles de personas hacia Ceuta. La cautela responde a una dependencia evidente. España necesita la cooperación marroquí para vigilar las fronteras de Ceuta y Melilla, contener las rutas hacia Canarias y la costa andaluza y aceptar el retorno de quienes entran irregularmente. Y la Comisión comparte ese cálculo, porque Rabat se ha convertido en una pieza central de su estrategia para frenar las salidas desde el norte de África. En su carta del lunes, Von der Leyen definió a Marruecos como un socio estratégico y abrió la puerta a aumentar la ayuda financiera al reino, aunque advirtió de que Bruselas no tolerará el uso de la migración como instrumento de presión. El dilema para los ministros será cómo exigir explicaciones sin deteriorar una cooperación de la que depende buena parte del control fronterizo europeo.