Opinión
Columnas Diarias
CatalejoEl Congreso se metió en un pantano, porque en este momento ya no les es posible abolir esa decisión.
En la actualidad existen dos corrientes ideológico-económicas al respecto de los impuestos. Una los considera necesarios y apoya su aumento, mientras la otra insiste en su eliminación, o al menos una reducción al mínimo, porque a su criterio equivale a un robo del Estado. Los primeros no analizan los resultados de hacer esto, porque la lógica indica como uno de los papeles estatales dedicarse a la educación pública en cualquier nivel, la seguridad, la defensa del país, las comunicaciones terrestres de cualquier clase, entre otros. Esta posición no necesariamente rechaza la posible acción de personas e instituciones del sector privado. Los segundos se colocan en la posición extrema de eliminar lo estatal y dejar estos servicios sociales a la empresa privada, dirigida al lucro.
Cuando un Estado elimina un impuesto, antes de alegrarse es necesario meditar quiénes serán los más beneficiados por esa decisión, debido a la realidad económico-social de un país y de los calendarios de hechos políticos, como las elecciones. Los inmuebles, si son casas, reflejan una enorme variedad de posibilidades. No es lo mismo una vivienda en algún barrio marginal popular, a otra asentada en áreas residenciales medianas, de lujo o alto lujo y elevados precios de la tierra y la construcción. Un ejemplo parecido es el de las placas de los vehículos particulares: el pago de la placa de un carro de diez o quince más años de edad, ya no asegurable, a otro modelo del año y de marcas lujosas europeas, japonesas o estadounidenses. Nadie puede oponerse sin caer en el ridículo.
