El tema se cuela cada día en más y más conversaciones, produce cierto temor en las personas que se acercan a la jubilación y supondrá un problema para aquellas con menos recursos. La inexistencia de una red pública de residencias para mayores y dependientes empieza a ser una de las cuestiones que con mayor ahínco preocupan a la sociedad española, donde la empresa privada ha encontrado un gran nicho que explotar ante la desidia de la administración pública.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente en España hay un 21,1% de personas mayores de 65 años. Para 2050, se prevé que la cifra supere el 30% y para 2076 la proyección se fija en el 30,9%. “Si ya es insuficiente el sistema, no me quiero ni imaginar cómo será dentro de unos años”, adelanta Carmen López.
Ella es portavoz de Marea de Residencias en la Comunidad de Madrid, desde donde hace años denuncian la dejadez por parte del Gobierno regional frente a la oferta de plazas en residencias públicas. “En España, en torno al 90 % de las residencias son de gestión privada. En Madrid estamos en un 94%”, aseguran desde el colectivo. De los casi 500 centros sociosanitarios que existen en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, tan solo 25 son públicas, a los que se suman 18 más de titularidad pública, pero de gestión indirecta.
