“Esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Es uno de los eslóganes que, con mayor insistencia, ha utilizado el Gobierno desde que revalidó su mandato en 2023. El propio presidente Pedro Sánchez ha hecho bandera de ello en múltiples ocasiones, así como los ministros del ala socialista del Ejecutivo. No obstante, el acceso a un techo sigue siendo el principal problema de los españoles, según revelan consistentemente los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último el de julio.
El decreto para paliar las subidas de los precios del alquiler, recientemente postergado hasta septiembre, se perfila como una de las últimas oportunidades para que el Gobierno adopte algunas de las medidas que ha ido prometiendo, pero que han quedado en agua de borrajas en una legislatura dificultada por la compleja aritmética parlamentaria, pero también protagonizada por choques entre las dos almas del Consejo de Ministros.
La medida estrella de ese decreto que el Gobierno quería poner en marcha en julio, pero que se ha visto obligado a retrasar a septiembre ante la negativa —por motivos muy diferentes— de Junts y Podemos a convalidarlo en su actual redacción, es la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026, 2027 y la primera mitad de 2028. Se trata de una medida que el PSOE únicamente aceptó a regañadientes en el primer decreto que el Ejecutivo aprobó hace unos meses, el cual fue tumbado a finales de mayo en el Congreso por PP, Vox y Junts.
