Han pasado 12 años, un mes y 15 días desde que el rey Juan Carlos dejara en manos de su hijo y sucesor, Felipe VI, la corona tras casi cuatro décadas en el trono. Y la mitad de ese tiempo, seis años, desde que huyera para refugiarse primero entre las paredes del lujoso Emirates Palace de Abu Dabi y después en una villa exclusiva situada en la isla de Nurai, siempre bajo la protección de la familia real emiratí. Un gesto que poco tenía de voluntario: dos investigaciones de carácter penal paralelas, en Suiza y España, le señalaban entonces por irregularidades contra la Hacienda Pública y por posibles delitos de corrupción en los negocios, cohecho y blanqueo de capitales.PublicidadLa mañana del 3 de agosto de 2020, el emérito se subía a un jet privado en el aeropuerto de Vigo para abandonar suelo español. Una huida que, sin embargo, no llegó a los dos años. La primavera de 2022, Juan Carlos aterrizaba en el mismo aeródromo para disfrutar de unos días en Sanxenxo con sus amigos de regatas (y hacer, de paso, una visita a la Zarzuela). Una imagen que, desde entonces, se ha repetido en innumerables ocasiones.En todo este tiempo, el emérito no ha encontrado la oportunidad de dar explicaciones. Ni siquiera en las páginas de su libro de memorias, Reconciliación, publicado en noviembre pasado en Francia y en diciembre en España. Cuentas sin declarar en el extranjero, fundaciones y sociedades interpuestas para canalizar patrimonio y gastos, cobro de comisiones millonarias, uso de testaferros para gestionar su fortuna, affaires de su vida privada pagados con dinero público… Muchas eran y son las sombras que, a lo largo de los años, han dinamitado su antigua imagen de rey campechano y a las que el protagonista ha respondido siempre con el silencio. En las páginas de sus famosas (y polémicas) memorias, se limitó a presentarse como víctima de "malas compañías" y de haber recibido regalos que, "para algunos", podrían llegar a parecer "inapropiados".La primera pieza del puzzle: los audios de CorinnaPara entender esta historia hay que remontarse al 11 de julio de 2018. Aquel miércoles de verano salían a la luz unas conversaciones inéditas entre el excomisario José Manuel Villarejo y la empresaria alemana (y antaño amante del emérito) Corinna Larsen correspondientes a una reunión en Londres en 2015 en la que participó también el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. En esos audios, publicados por El Español y OkDiario, Larsen acusaba al exmonarca de utilizarla como testaferro para blanquear dinero y propiedades y vinculaba el dinero recibido desde Arabia Saudí con una supuesta comisión por la adjudicación de las obras del AVE a La Meca, una relación que nunca pudo acreditarse judicialmente. Fueron precisamente estas revelaciones las que empujaron al fiscal suizo Yves Bertossa, ya en el mes de agosto, a abrir diligencias judiciales por un presunto blanqueo de capitales. Era la primera causa en la que, si bien no como investigado, aparecía señalado, con nombre y apellidos, el ex jefe del Estado.El 3 de marzo de 2020, el diario suizo La Tribune de Genève revelaba que el fiscal de Ginebra investigaba una transferencia de 100 millones de dólares recibida por Juan Carlos I en 2008 en una cuenta de la fundación Lucum y que, en 2012, el entonces rey donó 64,8 millones de euros a Corinna Larsen. El 15 de marzo y tras esas revelaciones, la Casa del Rey anunciaba que Felipe VI renunciaba a cualquier herencia personal de su padre y le retiraba la asignación oficial. En julio, El País publica la declaración de Corinna ante la Fiscalía suiza, en la que afirmaba que esos 65 millones fueron un regalo “por gratitud y amor”, no para ocultar dinero.PublicidadLa mancha sobre la Corona empezaba a extenderse. El 8 de junio de 2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió su propia investigación sobre el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca a un consorcio de empresas españolas en 2011. La Fiscalía debía establecer si existían delitos perseguibles después de la abdicación, ya que los hechos ocurridos mientras era jefe del Estado –hasta el 19 de junio de 2014– estaban cubiertos por la inviolabilidad constitucional. Apenas dos meses después —con una primera comunicación judicial a su abogado de por medio—, Juan Carlos ponía tierra de por medio rumbo a tierras emiratíes. Un viaje solo de ida que la Casa Real confirmó ya entrado el mes de agosto.A principios de noviembre, el cerco judicial sobre Juan Carlos seguía estrechándose. Una segunda investigación del Tribunal Supremo ponía la lupa sobre los trasvases de dinero del multimillonario mexicano Allen Jesús Sanginés-Krause, entre los años 2017 y 2018, a unas tarjetas black de las que se habrían beneficiado tanto Juan Carlos como su entorno familiar cercano. En estas diligencias judiciales se incluyeron, además, los pagos millonarios, en la forma de viajes y vuelos, que el emérito recibió de la Fundación Zagatka entre 2014 y 2018. La entidad, constituida en Liechtenstein, estaba a nombre de Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos. El emérito no declaró el dinero obtenido de ninguna de estas dos patas de la investigación: ni las tarjetas ni los vuelos. Unos pagos que se produjeron, además, cuando ya no regentaba la jefatura del Estado. Es decir, sin la capa de inviolabilidad que envuelve, en la Constitución, a la figura del rey.El salvavidas de las regularizaciones fiscalesEl invierno de 2020 volvía a traer noticias de Juan Carlos. El emérito daba un primer paso para limpiar su nombre, tras un nuevo contacto de la Fiscalía con su abogado. Lo hacía con una transferencia a Hacienda, para regularizar su situación, de 678.393,72 euros. Pero ni con esas conseguía esquivar las escaletas de los telediarios. A mediados de diciembre, nuevas acusaciones de Corinna volvían a ponerle en el centro del huracán. En este caso, por una demanda civil que la empresaria presentó en Reino Unido contra el exmonarca por acoso, vigilancia ilegal y difamación, según Larsen, para obligarla a devolver los 65 millones.PublicidadNo solo eso: tan solo un día después, el 17 de diciembre, la Fiscalía del Supremo abría una tercera investigación en torno a un trust con 10 millones de euros en la isla de Jersey (un paraíso fiscal) que el SEPBLAC —el organismo español contra el blanqueo— sospechaba que podía pertenecer al emérito, algo que posteriormente no pudo confirmarse.Los dedos apuntando a Juan Carlos por responsabilidades penales o fiscales ya eran cinco: la investigación en Suiza –el origen de los 100 millones de dólares ingresados en la Fundación Lucum desde Arabia Saudí y la posterior donación de 64,8 millones de euros a Corinna Larsen–, las tres líneas de investigación del Tribunal Supremo en España –las presuntas comisiones del AVE a La Meca, el uso de tarjetas opacas y una presunta fortuna oculta en Jersey– y la demanda civil de Corinna en los tribunales británicos. Dos meses después, en febrero de 2021, llegaba el segundo salvavidas. Por medio de una nueva regularización fiscal de casi cinco millones de euros (4.395.901,96), el emérito volvía a ajustar cuentas con Hacienda. Lo hacía, según defendió ya entonces su abogado (y acabó respaldando la propia Agencia Tributaria), de forma "íntegra y espontánea". Dos argumentos que condicionarían, en los meses siguientes, el archivo de todas las diligencias judiciales que pendían sobre su cabeza. El primer respiro se lo dio la Fiscalía suiza en diciembre de 2021. Ante la falta de pruebas concluyentes, Bertossa procedía a poner punto y final a las pesquisas en torno a la supuesta adjudicación fraudulenta de las obras del AVE a La Meca. Un archivo que sí tuvo consecuencias para el banco Mirabaud —administrador de la cuenta en la que se hizo el ingreso de los famosos 100 millones, de los que 64,8 millones de euros fueron transferidos después a una cuenta de Corinna— por no avisar de movimientos sospechosos: 50.000 francos suizos y las costas del procedimiento.España vino detrás. Tres meses después, el 2 de marzo de 2022, la Fiscalía del Supremo tomaba el testigo a la justicia suiza y anunciaba el cierre de todas las diligencias judiciales sobre las cuentas, pagos y negocios del emérito en el extranjero. Carpetazo. Los motivos aportados por el Ministerio Público fueron, fundamentalmente, tres: la prescripción de parte de los presuntos delitos, la inviolabilidad del emérito durante sus años en el trono (hasta junio de 2014) y las dos regularizaciones fiscales que, para la Fiscalía, ponían el marcador a cero con Hacienda. El resto de indicios, razonaba, no eran suficientes para motivar la apertura de una investigación penal. Puerta abierta al regreso a España de Juan Carlos.La reacción del exmonarca no se hizo esperar. En una carta publicada por la Casa Real cinco días después de la resolución del Supremo, Juan Carlos revelaba su intención de quedarse a vivir en Abu Dabi. Con un matiz: libre ya de toda mácula, el emérito empezaría a visitar "con frecuencia" España. Y así lo hizo. El 19 de mayo de 2022, 654 días después de su autoexilio, Juan Carlos volvía a pasearse, bajo la atónita y dividida mirada de la opinión pública, por un paisaje conocido: el puerto deportivo de Sanxenxo. Hospedado en casa de su incondicional aliado y presidente del Real Club Náutico, Pedro Campos, el emérito pudo disfrutar, como si nunca se hubiera ido, de unos días con amigos entre carreras de regatas y paseos a bordo de su velero, Bribón. Con paradita y todo en la Zarzuela para reunirse, por primera vez desde su marcha, con su hijo, antes de regresar el lunes 23 de mayo a tierras emiratíes.La nueva normalidad de Juan CarlosDesde entonces, el que fuera rey ha regresado a España con relativa frecuencia. Casi siempre a su refugio particular en las costas de Sanxenxo, pero también a algunas reuniones privadas de la familia real —como el 18 cumpleaños de la princesa Leonor— o a funerales de parientes cercanos. Una nueva normalidad que alteró, en noviembre de 2024, la querella de un grupo de doce exmagistrados, exfiscales, juristas e intelectuales ante la Sala Segunda del Supremo. Entre los firmantes, que negaban la legitimidad de las dos regularizaciones fiscales del emérito como "excusa absolutoria" de sus delitos fiscales, estaban los exmagistrados del Supremo José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger, los exfiscales anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, la periodista Pilar del Río o el escritor Santiago Alba. La denuncia tuvo, sin embargo, poco recorrido judicial: el Supremo la rechazó en mayo de 2025, procediendo a un nuevo (y definitivo) archivo de las actuaciones. Además, el procedimiento iniciado por su antigua amante en los tribunales británicos había sido archivado por falta de jurisdicción sobre Juan Carlos en 2023.Ya lo dijo, entre risas, durante su primera visita a España: "¿Explicaciones de qué?". El archivo, en efecto dominó, de todas las diligencias judiciales que le señalaban y el hecho de que nunca ha llegado a estar formalmente imputado en ningún procedimiento penal le han servido, durante estos seis años, como pretexto para mantenerse en silencio. Un mutismo que solo ha roto, entre falsedades y arranques de victimismo, en sus recientes memorias: Reconciliación. En el libro, publicado en España el 3 de diciembre de 2025 de la mano de la Editorial Planeta, el emérito justifica los 65 millones de Arabia Saudí como "un acto de generosidad —de un rey hacia otro— que no supe rechazar", recuerda que todas las causas en su contra terminaron archivadas "sin prueba alguna de delito" y se presenta, a lo sumo, como víctima de "amistades nefastas". También, por cierto, revela su admiración —y agradecimiento— a la figura de Franco, ofrece su propio relato del 23F y protesta por ser el único español sin pensión "tras cuarenta años de servicios". Un relato por el que recibió, el pasado mes de abril, un premio de la asociación Lire la Société sobre el escenario de la Asamblea Nacional francesa.PublicidadNo por ello ha conseguido rehabilitar su imagen pública. Y es que los escándalos en torno a la figura de Juan Carlos desbordan, con mucho, el cauce judicial. Al viaje para cazar elefantes en Botsuana en 2012, en plena crisis económica, se suman su propio papel como heredero de Franco, sus affaires extramatrimoniales silenciados supuestamente con fondos públicos —como el que mantuvo con la vedette Bárbara Rey—, su polémica relación con diferentes empresarios y monarquías del Golfo o, como colofón, la creación en 2024 de la Fundación Sumer (Su majestad el rey), con sede en el centro financiero de Al Maryah (Abu Dabi), tal y como avanzó El Confidencial.Formalmente, la fundación tiene fines culturales y de preservación del legado del reinado del borbón. Sin embargo, informaciones periodísticas –negadas por el entorno del emérito– sostienen que también serviría para agrupar su patrimonio en el extranjero y facilitar su futura transmisión a sus dos hijas, Elena y Cristina. Y aprovechar, según esas informaciones, las ventajas fiscales y de confidencialidad que ofrece la legislación emiratí.