"...proveer a la defensa común... promover el bienestar general... asegurar los beneficios de la libertad..." Preámbulo de la Constitución Nacional Toda organización política existe para cumplir una misión permanente: garantizar la libertad de sus ciudadanos, proteger sus derechos, administrar justicia y preservar la soberanía de la Nación. Ninguno de esos objetivos puede alcanzarse sacrificando los demás. Sin embargo, el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional parece partir de una premisa distinta: supone que la defensa de la propiedad privada exige eliminar o debilitar las herramientas mediante las cuales el Estado protege determinados activos cuyo valor excede ampliamente el interés patrimonial de sus propietarios. La cuestión merece ser abordada lejos de las simplificaciones ideológicas. No enfrenta al mercado con el Estado, ni a la inversión privada con la soberanía. Las democracias más desarrolladas del mundo han demostrado que ambas dimensiones pueden y deben coexistir. La verdadera discusión consiste en determinar si existen determinados bienes cuya relevancia para la seguridad, el desarrollo y la autonomía nacional justifica un régimen jurídico especial. La experiencia internacional demuestra que la respuesta es afirmativa.