Asistimos a un momento histórico de profunda regresión civilizatoria. El proyecto de la mal llamada "ley de inviolabilidad de la propiedad privada" que el Poder Ejecutivo pretende aprobar no es más que la cristalización legislativa de un modelo de exclusión que pretende mercantilizar la existencia humana y subordinar los derechos fundamentales al altar del mercado. Como militante de los derechos humanos, como abogada que cree en el constitucionalismo social y en la justicia ambiental y como ciudadana que ha caminado los territorios y barrios populares de nuestra patria, no puedo callar ante este monumental retroceso jurídico y ético. El discurso oficial nos vende esta normativa bajo el ropaje de la "seguridad jurídica" y la protección del esfuerzo individual. Es una trampa retórica perversa. Lo que en realidad consagra esta ley es una jerarquización arbitraria y violenta de los derechos, donde la propiedad concentrada se coloca por encima del derecho a la vivienda digna, al hábitat, a la soberanía alimentaria y a la vida misma.
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