Donald Trump lo había prometido sin demasiados rodeos. “Vamos a terminar con todos los programas de diversidad, equidad e inclusión en todo el Gobierno federal”, declaró el presidente de Estados Unidos. Desde que regresó a la Casa Blanca, su Administración ha aplicado esa ofensiva a la educación, la contratación pública, la inteligencia artificial y numerosas agencias federales. Ahora quiere incorporarla de manera permanente al sistema que financia buena parte de la ciencia estadounidense.La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (la poderosa OMB, por sus siglas en inglés) ha presentado una propuesta de más de 400 páginas que modificaría las normas bajo las que se conceden y administran las subvenciones federales. El cambio afecta a decenas de organismos, entre ellos la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias, los Institutos Nacionales de Salud y los departamentos de Educación, Energía, Transporte, Vivienda y Salud.En conjunto, estas instituciones gestionan cerca de un billón de dólares anuales en ayudas públicas. Alrededor de 150.000 millones se destinan a ciencia y tecnología. La reforma obligaría a que las subvenciones discrecionales demostrasen que contribuyen a las “prioridades políticas del presidente” y concedería a altos cargos designados políticamente mayor capacidad para revisar las adjudicaciones y cancelar proyectos ya iniciados.La Administración sostiene que el sistema actual carece de transparencia y ha permitido financiar programas ideológicos. “En conjunto, estas políticas desperdiciaron una enorme cantidad de recursos de los contribuyentes y causaron un gran daño a la confianza pública en el Gobierno”, afirma la propuesta. Según la OMB, la reforma es necesaria para garantizar una mayor rendición de cuentas. Pero para una gran parte de la comunidad científica estadounidense, lo que está en juego no es simplemente la eficiencia del gasto. Es quién decide qué investigaciones merecen existir.Trump lo decide todoEl control absoluto de la investigación científicaEl sistema federal estadounidense no está completamente aislado de la política. El Congreso y la Casa Blanca siempre han podido decidir que determinadas áreas reciban más recursos: cáncer, alzhéimer, defensa, energía nuclear o exploración espacial, por ejemplo.La diferencia es que, hasta ahora, la selección concreta de proyectos científicos ha dependido principalmente de agencias especializadas, funcionarios con experiencia técnica y procesos de revisión por pares. Expertos independientes valoran la metodología, la relevancia, la viabilidad y el posible impacto de cada propuesta.Estas políticas desperdiciaron una enorme cantidad de recursos de los contribuyentes y causaron un gran daño a la confianza pública en el GobiernoGobierno de EE.UU.El nuevo modelo reduciría el peso de esas evaluaciones. Los revisores científicos podrían seguir emitiendo recomendaciones, pero los responsables políticos tendrían más margen para ignorarlas cuando un proyecto no coincidiera con la agenda presidencial.Donald Trump ya había establecido esa dirección en una orden ejecutiva de agosto de 2025. El documento exigía que las ayudas discrecionales “promuevan de manera demostrable las prioridades políticas del presidente” y rechazaba la financiación de iniciativas que fomentasen lo que la Casa Blanca denomina “valores antiestadounidenses”.Misión Genesis.Diseño: Selu ManzanoEse concepto no aparece definido con precisión, del mismo modo que tampoco existe una delimitación estable de qué investigaciones pueden considerarse woke. La propuesta menciona expresamente los programas de diversidad, equidad e inclusión, la denominada “ideología de género” y determinadas formas de cooperación internacional.La propia Casa Blanca ha convertido el término woke en una categoría política extremadamente amplia. En uno de sus vídeos oficiales llegó a resumir su posición con una frase: “DEI, eliminado. ¿Woke? Para perdedores. El sentido común ha vuelto”.Trump también ha empleado este lenguaje al hablar de inteligencia artificial. A finales de 2025 acusó a algunos estados de intentar introducir “ideología DEI” en los modelos y producir una “IA woke”. Su Gobierno ordenó después que los sistemas adquiridos por las agencias federales fueran, según sus propios términos, “ideológicamente neutrales”.El problema es que aplicar esa lógica a la ciencia permite etiquetar como ideológicos asuntos que también son objetos legítimos de investigación: las desigualdades sanitarias, la discriminación, la salud de las personas trans, los efectos del racismo, el cambio climático o las diferencias epidemiológicas entre grupos de población.Lo 'woke' está en todo, según TrumpLo que se investiga también es una decisión políticaLa ciencia aspira a producir conocimiento mediante métodos contrastables, pero no existe en un vacío. La decisión de financiar una enfermedad y no otra, priorizar la investigación militar frente a la salud pública o estudiar cómo afecta una política a determinados colectivos tiene consecuencias sociales.Jeremy Berg, antiguo editor jefe de la revista Science, recuerda el inicio de la crisis del sida como uno de los ejemplos más claros. “No es algo abstracto”, explica. “El presidente Reagan no dijo nada durante cuatro años y no hubo ningún esfuerzo coordinado para afrontarlo”. La ausencia de una respuesta política no alteró la biología del virus, pero sí condicionó los recursos disponibles para estudiarlo y combatirlo.La idea era que la ciencia debía estar aislada para que se financiaran las mejores ideas. PuntoDonna Rileyantigua responsable de programas en la Fundación Nacional de CienciasPero eso no significa que los científicos deban decidir por sí solos las prioridades de un país. Los gobiernos tienen legitimidad para establecer grandes objetivos. La cuestión es si la política debe poder descartar investigaciones concretas por su vocabulario, por las poblaciones que estudian o porque sus conclusiones puedan resultar incómodas.Donna Riley, antigua responsable de programas en la Fundación Nacional de Ciencias, explica en The Verge que el principio del sistema era precisamente proteger la evaluación científica de esas presiones: “La idea era que la ciencia debía estar aislada para que se financiaran las mejores ideas. Punto”.Trump se presenta como un médico que diagnostica como enfermos mentales a los famosos que le critican en un video generado con IA.LVLa experiencia de Nancy Krieger muestra qué puede ocurrir cuando esa separación desaparece. Esta epidemióloga social de Harvard dirigía una investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud sobre los efectos de la discriminación en la salud. Su subvención, cercana al millón de dólares, fue cancelada cuando todavía quedaba aproximadamente un año de trabajo.Fue una conmoción y una consternación absolutasNancy Kriegerepidemióloga social de Harvard“Pensé: ¿qué? ¿Qué significa esto? No lo entiendo”, relata. Después tuvo que reorganizar la investigación, atender el litigio y gestionar el impacto sobre los profesionales cuyos empleos dependían de aquellos fondos. “Fue una conmoción y una consternación absolutas”.El caso no quedó aislado. Durante el segundo mandato de Trump, distintas agencias han retirado o suspendido ayudas relacionadas con género, diversidad, salud trans, discriminación y cambio climático. La reforma de la OMB transformaría muchas de esas decisiones, adoptadas hasta ahora mediante órdenes y directrices dispersas, en una estructura regulatoria aplicable a casi todo el Gobierno federal.Más allá de TrumpUna amenaza que no termina en Estados UnidosAunque la norma solo tendría autoridad directa dentro de Estados Unidos, sus consecuencias podrían superar ampliamente sus fronteras. La ciencia moderna depende de redes internacionales. Los estudios clínicos se desarrollan en varios países; los observatorios comparten datos; los laboratorios intercambian muestras; las grandes investigaciones espaciales, climáticas o biomédicas necesitan equipos distribuidos por todo el mundo.Estados Unidos ocupa una posición central dentro de esas redes. Sus Institutos Nacionales de Salud constituyen el mayor financiador público de investigación biomédica y del comportamiento del planeta. Y sus universidades, agencias y laboratorios participan en miles de proyectos internacionales.Donald Trump, presidente de EE.UU.JIM LO SCALZO / EFEDe esta forma, cuando una subvención estadounidense desaparece, las consecuencias no se limitan al investigador que la recibió: pueden afectar a centros asociados, bases de datos, contratos, personal técnico y experimentos repartidos entre varios países.La propuesta también anima a las agencias a vigilar las vinculaciones de los solicitantes con organizaciones extranjeras y permite valorar si esas relaciones pueden perjudicar la seguridad nacional. Existen motivos legítimos para controlar la transferencia de tecnologías sensibles o los conflictos de interés, especialmente en la relación con China. Sin embargo, los críticos temen que una redacción amplia termine generando inseguridad jurídica y desincentive colaboraciones científicas que no representan ninguna amenaza.Esta propuesta pretende socavar prácticamente todas las industrias y servicios públicos sostenidos mediante financiación federalRob Bontafiscal general de CaliforniaLa propuesta, de hecho, ha propiciado una movilización poco habitual. El periodo de consulta pública terminó el 13 de julio de 2026 después de recibir casi medio millón de comentarios. Distintos análisis calculan que alrededor del 95% se oponían a la reforma. Veintidós fiscales generales estatales también han expresado su rechazo y se preparan para recurrirla ante los tribunales si finalmente entra en vigor.“Esta propuesta pretende socavar prácticamente todas las industrias y servicios públicos sostenidos mediante financiación federal”, cuenta Rob Bonta, fiscal general de California. La senadora demócrata Tammy Baldwin acusó a Trump y al director de la OMB, Russell Vought, de poner en peligro “la salud y la seguridad de los estadounidenses”.Lee también“Los ciudadanos esperan que el dinero de sus impuestos se destine a las investigaciones con más posibilidades de lograr un avance o curar una enfermedad”, añade Baldwin, “no que sea utilizado como un garrote para castigar a los enemigos percibidos del presidente y obtener rédito político”.La Administración rechaza esas críticas. Vought las ha descrito como un “ataque de pánico de la izquierda”, mientras que un grupo de trabajo de la Casa Blanca aseguró que los contribuyentes estadounidenses dejarán de estar obligados a financiar “ONG woke con agendas partidistas”.La batalla, por tanto, no enfrenta a una ciencia neutral con una política que intenta contaminarla por primera vez. La financiación científica siempre ha respondido, en alguna medida, a prioridades nacionales. El cambio planteado por Trump es más profundo: permitir que la afinidad con el programa presidencial pese tanto o más que la calidad científica de cada proyecto.Periodista y escritor. Cultura, videojuegos, política y filosofía es lo mío, pero seguro que me lees hablando de alguna cosa más.