Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), áreas urbanas con limitaciones al tráfico en función de la contaminación que generan los vehículos, “protegen la salud, ahorran dinero y mejoran la calidad de vida”. Lo afirma Habtamu Beshir, investigador del University College London y autor principal de un estudio de la Universidad de Bath (Reino Unido) que avala su afirmación y publicado en Journal of Economic Behavior and Organization. Sin embargo, Andalucía es una de las regiones europeas a la cola en la implantación de estos sistemas. De acuerdo con la última fiscalización de la Cámara de Cuentas, solo siete de los 30 municipios obligados a establecerlas las tiene en funcionamiento. El acuerdo entre PP y Vox para la formación del Gobierno andaluz incluye la eliminación de la financiación autonómica para estas y, en los Ayuntamientos donde Vox forma parte del ejecutivo local, las están limitando o inutilizando. La investigación de Bath se concentró en zonas de bajas (ZBE) y ultra bajas emisiones (ZUBE) de Londres para determinar que “no solo mejoran el medio ambiente de la ciudad, sino que también aportan beneficios significativos y medibles para la salud pública y la economía”. Lo consiguen a partir de la “reducción significativa de los contaminantes nocivos como el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas en suspensión (PM10)”.Las consecuencias de estas mejoras se traducen, según el estudio, en una reducción del 18,5% de las bajas médicas, del 6,8% en problemas de salud generales y del 10,2% en dolencias respiratorias. También se detectó una mayor satisfacción vecinal y se calculó que estos beneficios suponen un ahorro de 45 millones de euros en las áreas estudiadas, según defiende Eleonora Fichera, investigadora del área de Economía y del Centro de Salud Pública Siglo XXI. “Estas políticas no son solo victorias medioambientales. También crean comunidades más saludables, felices y productivas”, afirma. “Con la Organización Mundial de la Salud calculando que se registran 4,2 millones de muertes prematuras a nivel mundial cada año debido a la contaminación del aire, estos hallazgos señalan la urgente necesidad de políticas de transporte similares en todo el mundo”, concluye.Sin embargo, estos argumentos no calan en Andalucía, donde la Cámara de Cuentas de Andalucía ha identificado que, de los 30 municipios andaluces de más de 50.000 habitantes obligados a implantar una ZBE, solo 10 las han establecido y, de estas, únicamente siete las tenían operativas dos años después de la exigencia legal para tenerlas en funcionamiento.La Cámara de Cuentas señala entre los incumplidores a El Ejido y Roquetas de Mar en Almería; Algeciras, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, El Puerto de Santa María, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, Granada capital y Motril en Granada; Benalmádena, Marbella, Mijas, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga en Málaga; Utrera (Sevilla) y Huelva y Jaén. Algunos de estos municipios han desarrollado o están elaborando el proyecto técnico, pero la implantación efectiva renquea y no siempre por razones de limitaciones económicas. “De hecho, 11 de los 20 municipios que aún no habían implantado la ZBE habían recibido financiación pública para su diseño o implantación, entre ellos Granada, Huelva, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera o Utrera”, concluye la Cámara de Cuentas. Pero hasta esta colaboración pública autonómica también está en riesgo debido al pacto entre PP y Vox para la formación del Gobierno andaluz. Este acuerdo establece: “No financiación autonómica de zonas de bajas emisiones. La Junta de Andalucía se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación o endurecimiento de zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces”.Vox ya ha impuesto esta política de permisividad con la contaminación en ayuntamientos tan significativos como Sevilla, Valencia, Zaragoza o Huesca. En Málaga, la portavoz de la formación ultraderechista, Yolanda Gómez, ha reclamado la supresión de la ZBE al considerar que “no existe una justificación medioambiental que la avale” y estar cuestionada su ordenanza en los tribunales. “Siempre hemos defendido que la Zona de Bajas Emisiones supone una restricción injustificada de la libertad de circulación, la propiedad privada, la libertad de empresa o la libertad económica. Son derechos que no pueden verse limitados por decisiones políticas que terminan perjudicando a trabajadores, autónomos, familias y pequeños empresarios”, ha señalado.Otros municipios, aun sin la presión de Vox y con gobiernos de diferente color, alegan “insuficiencia de recursos humanos, falta de financiación, retrasos de las empresas contratistas, impugnaciones de proyectos o revisiones de los planes de movilidad urbana sostenible”, según detalla el órgano fiscalizador andaluz. Incluso donde están implantadas, la Cámara de Cuentas detecta deficiencias relacionadas con los estudios previos, la definición de objetivos cuantificables, la delimitación territorial, la evaluación de resultados, los sistemas de seguimiento o los indicadores que permitan medir la mejora de la calidad del aire. Es el caso de Córdoba y Sevilla, “cuyos proyectos no se encontraban adaptados al contenido mínimo exigido por el Real Decreto 1052/2022 al carecer de un proyecto técnico ajustado a dicha norma”, según la Cámara de Cuentas. “Ninguna de las 10 ZBE establecidas había respetado el plazo legal de implantación e incumplía la obligación de imponer sanciones por incumplimiento de las restricciones de acceso y circulación, lo que limita el efecto disuasorio de estas medidas en el resto de municipios”, detalla el estudio de la Cámara para concluir: “Andalucía presenta un grado de implantación claramente insuficiente de una de las principales políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones derivadas del tráfico urbano”.