La Cámara de Cuentas señala el incumplimiento y las “debilidades” de los proyectos realizados por Zaragoza y Huesca para reducir la contaminación de los coches. La capital limita su aplicación tras el pacto presupuestario con Vox
La puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en Aragón arrastra un evidente retraso. Pese a que la normativa estatal fijaba 2023 como límite para que las ciudades de más de 50.000 habitantes activaran estas áreas, el 31 de marzo de 2025 ninguno de los municipios aragoneses afectados habían instaurado sus restricciones al tráfico. Es la principal conclusión de un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, publicado el pasado 26 de febrero, que pone bajo la lupa la gestión en Zaragoza y Huesca, las dos ciudades de la comunidad obligadas por ley. La fiscalización abarca desde 2022 hasta el primer trimestre de 2025, por lo que deja fuera los movimientos más recientes.
En Zaragoza, el Ayuntamiento activó el pasado 12 de diciembre la fase final de su ZBE, un proyecto que hasta entonces funcionaba de forma informativa y sin multas. Sin embargo, el escenario cambió poco después. A finales de febrero, el acuerdo presupuestario alcanzado entre el PP y Vox para la capital limitó el alcance de la medida. Como parte del pacto, los populares aceptaron que las restricciones solo entren en vigor ante episodios puntuales de alta contaminación, renunciando así a un control permanente.
