Demasiados ayuntamientos españoles siguen sin cumplir la ley que obliga a establecer zonas de bajas emisiones
Cien de las 153 ciudades españoles de más de 50.000 habitantes que antes del 1 de enero de 2023 debían tener en vigor sus espacios restringidos al tráfico —zonas de bajas emisiones (ZBE)— siguen todavía sin instalarlas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Figuran entre ellas 10 de las 30 más pobladas, como Valencia, Murcia o Vigo. Son ya tres años incumpliendo de forma palmaria una obligación legal que todas estas urbes y sus regidores conocen perfectamente desde que en mayo de 2021 entrase en vigor la ley de cambio climático. En todo el año pasado solo se sumaron ocho nuevas ciudades, mientras que otras 10 ni siquiera han iniciado el proceso.
Por otro lado, algunos de los ayuntamientos que sí han implantado su ZBE se han limitado en la práctica a maquillar su obligación, con áreas de restricción del tráfico muy pequeñas o aplazamientos en la exigencia de sancionar a los coches más contaminantes. Todo ello deja en nada las pretensiones de la norma: reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático, bajar la contaminación ambiental y promover una movilidad sostenible.
