Los ecologistas han denunciado a tres urbes por no instalar sus áreas de tráfico restringido o hacerlo mal y planean hacerlo con varias más, mientras el Estado sigue sin actuar contra las infractoras
Tres años después de que la ley de cambio climático obligara a las 153 ciudades más grandes de España a instalar una zona de bajas emisiones (ZBE), dos tercios de las urbes siguen sin ponerlas en marcha, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica a los que ha tenido acceso EL PAÍS. En el último año,
rack-dtm="">tan solo se han sumado ocho nuevas áreas de tráfico restringido, mientras algunos ayuntamientos han apostado por áreas muy pequeñas e ineficaces para cubrir el expediente. Los ecologistas han denunciado a tres urbes por no instalar sus ZBE o hacerlo mal, y estudian más recursos, mientras el Estado sigue sin actuar contra las infractoras, aunque el Ministerio de Transportes pretende retirarles las ayudas al transporte público.
La Ley de Cambio Climático de 2021 exigía a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que antes del 1 de enero de 2023 pusieran en marcha una de estas zonas para limitar el paso de los vehículos más contaminantes, reducir la polución y mejorar la calidad del aire. Desde entonces, han ido sumándose a cuentagotas: una decena al principio —Madrid y Barcelona llegaron antes—, otra el siguiente año. El gran aumento llegó con los fondos europeos Next Generation que repartió Transportes, gracias a los cuales a inicios de 2025 se alcanzó la cifra de 45 ZBE (y otras cuatro en municipios catalanes más pequeños).
