Le ocurrió a la pobre Irene Montero, pero podría habernos pasado a muchos. La semana pasada, la eurodiputada de Podemos lanzó un vídeo apoyando a las más de 25.000 personas que se manifestaron contra la masificación turística en Palma. Denunciaba el problema de la turistificación en Baleares: a las islas llegan 20 millones de turistas cada año, lo cual hace imposible que sus habitantes puedan alquilar un piso, tomarse un café o disfrutar de sus playas con normalidad. El mensaje era impecable. Pero, poco después de compartirlo, las repuestas se le llenaron de fotos suyas en Menorca; resulta que la exministra de Igualdad había sido, junto a otras compañeras de Podemos, una de esas 20 millones de turistas que, según ella misma denunciaba, en 2025 le habían hecho la vida imposible a los baleares. No la culpo: me ocurrió algo parecido en primavera, cuando me crucé en redes con un vídeo terrorífico del Albaicín. Un granadino compartía las que, desde hace años, son las vistas desde su ventana: hordas de turistas sacándoles fotos a sus macetas, a sus gatos y a su casa cueva. Convirtiendo su cotidianidad en una historia de Instagram y su día a día en un infierno. Poco después, gracias al sentido de la oportunidad que siempre tiene el algoritmo, el móvil me recordó unas fotos mías de hace diez veranos en el barrio nazarí. Porque los turistas siempre son los otros. En un país como el nuestro, que recibió a 96,7 millones de visitantes internacionales el año pasado —más del doble de la población española—, son pocos y muy desnortados los que discuten que el turismo ya es un problema en muchos lugares. Que empieza a tener más cara B que A, que sus consecuencias negativas para los habitantes de algunas regiones superan el beneficio económico que les brinda. El turismo representa en España el 12,6% del PIB, pero muchos de los territorios que más lo explotan son también los que más problemas tienen en materias como vivienda, dando lugar a un fenómeno curioso: que quienes viven del turismo (camareros, kellys, recepcionistas, dependientes) son expulsados de las ciudades turísticas. “Yo no vivo del turismo, es el turismo el que me deja sin vida”, rezaba la pancarta de un manifestante la semana pasada en Palma. Y ese es, cada vez más, el sentimiento de muchos. Pero, con agosto recién estrenado, ¿cuántos de nosotros, clasemedianos si no en la cuenta bancaria sí al menos en la aspiración, estamos dispuestos a dejar de ser turistas o a admitir siquiera que lo somos? ¿Cuántos reconocemos que protestamos contra los turistas que llenan nuestras plazas mientras buscamos vuelos baratos para llenar las de otros? ¿Cuántos querríamos pasar a la acción directa —dejar de hacer turismo—, lo cual acabaría con el problema de manera mucho más efectiva que cualquier legislación? Quizá por eso cuesta tanto afrontar la turistificación: porque exige reconocer que a veces la víctima y el verdugo cogen los mismos vuelos de bajo coste. Si nos tomáramos en serio los problemas cada vez mayores que está generando el turismo en muchas zonas no intercalaríamos historias de Instagram protestando contra la turistificación y sus consecuencias —de vivienda, de precios, de pérdida de identidad— con fotos en Bali, en Turquía o en Formentera. Porque, por traerlo al ex Ministerio de Montero, la postura del turista crítico con el turismo es la del abolicionista que se va de putas. La de quien reclama legislación y medidas políticas pero es incapaz de asumir su responsabilidad individual. Quizá la medida más efectiva contra la turistificación no sea una ley sino un espejo.