Pedro Sánchez y Giorgia Meloni tienen muy pocas cosas en común, pero la mayor distancia entre ambos se ha visto y se ve en lo que se refiere a las políticas migratorias. Ambos gobiernos llevan años contraponiendo sus recetas en ese tema: de la dureza de Roma a medidas como la regularización masiva por parte de España. Ahora la crisis en Ceuta se ha convertido en el punto total de choque después de varios tiras y afloja por ejemplo con el pacto de migración y asilo de la UE. Y la realidad es que la escalada diplomática sin precedentes ha implicado también a Francia, Finlandia, Dinamarca, República Checa o Países Bajos.De hecho, el Ejecutivo italiano fue el que más rápido reaccionó a lo largo del jueves. "Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", escribió Meloni en redes sociales, e incluso ha amenazado con "suspender" el acuerdo de libre circulación Schengen con España. "Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este Gobierno", añadió la primera ministra.Tal fue la escalada que el Gobierno español convocó al embajador italiano como respuesta al posicionamiento de Roma. "Este mensaje es impropio del Ministro de Exteriores de un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista. Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia, nada que ver con lo que dice el tuit. He convocado al Embajador de Italia", sostuvo el mismo jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ante el señalamiento de su homólogo, Antonio Tajani, quien apuntó a la regularización masiva planteada por Moncloa como causa de la situación en las ciudades autónomas. La escalada en la tensión diplomática entre ambos países se ha saldado con la orden del Ministerio del Interior italiano de decretar el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España, suspendiendo la aplicación del acuerdo de Schengen entre ambos países. Ahora, ¿puede Italia o cualquier otro Estado miembro de la UE -y parte del espacio Schengen- "suspender" el acuerdo con España? No del todo. Los matices importan. Italia no tiene gestión sobre la frontera sur de España, que es a su vez frontera sur de la Unión. La vía más factible en estos casos es que Roma recurra a un refuerzo de los controles en las fronteras interiores -algo que ya anunciado Francia que hará, por ejemplo-, es decir, que 'congelase' en cierto modo la libre circulación de personas y reclamase, en frontera, la presentación del DNI o el pasaporte para entrar en el país. Finlandia, por su parte, ha pedido también excluir a España de Schengen (algo que en la práctica no se puede hacer) y Países Bajos ha reclamado al Gobierno "hacer todo lo posible" para proteger las fronteras exteriores de la UE. Dinamarca y República Checa también se han mostrado favorables a excluir a España de Schengen.Hace meses, algunos países de la UE reforzaron los controles en las fronteras interiores precisamente para contener los movimientos de migrantes irregulares por el territorio Schengen. Fue el caso de Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovenia, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia, además de Noruega.Sánchez y Meloni son antagónicos en lo que se refiere a la política migratoria y en la UE ese debate lo está ganando la italiana. Por ejemplo, el pacto común de migración y asilo avala la creación -a discreción de los gobiernos nacionales, eso sí- de centros de detención de migrantes en terceros países, como ha hecho Italia con Albania. El modelo Meloni ya es el modelo UE, para críticas de ONGs, por ejemplo. Ahí España se ha quedado sola, porque al menos una veintena de Estados miembros llevan meses defendiendo políticas migratorias más duras.En ese acuerdo, el control tecnológico será otro pilar fundamental con la expansión de Eurodac, que se convierte en una base de datos de asilo y migración integral. Este sistema ya no se limitará solo a solicitantes de protección, sino que recogerá datos de todas las personas que entren de manera irregular a Europa. Esta era otra de las grandes peticiones de Italia, defendida también por otros gobiernos a izquierda y derecha.España, en cambio, reniega del pacto. El Gobierno ha dejado claro que su aplicación del acuerdo incluirá la creación de un procedimiento de protección internacional en frontera. Este proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas (es decir, tres meses), periodo durante el cual el solicitante no recibirá autorización para entrar en territorio nacional y deberá permanecer en instalaciones habilitadas. Esta normativa se aplicará específicamente a quienes lleguen en patera o cayuco o sean interceptados en intentos de entrada irregular a las costas españolas.Ese planteamiento español, distinto al generalizado, se ve también en la regularización masiva de migrantes que no gusta en otros socios y sobre el que la Comisión ha sido rotunda: no puede afectar a otros Estados miembros ni alterar el normal funcionamiento del espacio Schengen de libre circulación. En este sentido, el comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, elevó el tono sobre la medida. "La señal general no es buena. Entiendo la situación particular de España, ya que el 80 % de esas personas proceden, de hecho, de América Latina. Hablan el mismo idioma y comparten parte de su cultura. Esta política es un ámbito de competencia de los Estados miembros", sostuvo.La migración se ha convertido en un caballo de batalla en la UE, mucho más de lo que ya lo era; es un tema que siempre vuelve y que ahora ha provocado que la inmensa mayoría de Estados miembros viren hacia posiciones mucho más duras... y España se mantiene como el único con el Gobierno que lanza una política más laxa frente a la ortodoxia de muchos socios, incluidos los que tienen ejecutivo del mismo signo que el español, como puede ser el Ejecutivo danés.No es una cuestión migratoriaAhora, varias fuentes expertas consultadas por 20minutos asumen que la crisis en Ceuta y Melilla no va solo de migración. Se trata de un elemento estratégico que algunos analistas ya califican de "guerra híbrida", con la migración como arma arrojadiza para presionar a un país, en este caso a España. Tal es la situación que ya en 2022 el Gobierno de Sánchez insistió en que el nuevo concepto estratégico de la OTAN, firmado en Madrid, incluyera un capítulo referente al flanco sur, en el que Ceuta y Melilla tienen un espacio concreto de manera implícita."La vecindad sur de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Medio, Norte de África y el Sahel, se enfrentan a problemas interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos. Estos se ven agravados por el impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la inseguridad alimentaria. Esta situación es propicia para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas. También favorece la injerencia desestabilizadora y coercitiva de competidores estratégicos", reza el texto, que renovó los retos de la Alianza para el medio y el largo plazo.