La marea humana que ha llenado las calles de Ceuta ha visibilizado una crisis logística –con el reto de atender las necesidades inmediatas de decenas de miles de personas en una ciudad de limitados recursos–; migratoria –ante la necesidad de gestionar su situación administrativa y los muy probables retornos sin salirse del marco legal y sin afectar a sus derechos básicos– y de seguridad –tanto en materia de orden público en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes como de seguridad nacional, especialmente en relación con el control de fronteras–.
Lo primero que nos enseña esta crisis es que, en contra del discurso oficial que maneja el Gobierno español, Marruecos no es un país amigo. Como cualquier otro país del planeta, Marruecos tiene intereses y está decidido a emplear todos los medios a su alcance para defenderlos.
En este caso, el interés de Rabat es cumplir su sueño de integrar a Ceuta, entre otros territorios españoles, bajo su soberanía, y uno de sus principales instrumentos es su propia población, de la que manipula vergonzosamente sus carencias y sus expectativas. Eso explica, una vez descartada la opción militar de un asalto por la fuerza, la activación de una “estrategia en la zona gris”, tal como figura desde hace años en los manuales al uso.
