“Son dos sistemas totalmente distintos, con lo cual la denuncia está dentro del plazo”, explicó Andrés Gil Domínguez al analizar la presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el constitucionalista sostuvo que, si el organismo determina que se violaron sus derechos, “el cumplimiento de un informe particular que le ordena al Estado argentino reparar una situación de violación de derechos humanos también es una obligación constitucional, no solo una obligación internacional”. Andrés Gil Domínguez. es un reconocido abogado constitucionalista, doctor en Derecho y docente en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral, es profesor de grado y maestría de la materia Constitucionalismo Digital e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA. —Venimos recorriendo con distintos juristas el tema de la presentación de los representantes jurídicos de Cristina Kirchner ante las Naciones Unidas, buscando la revisión de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que la tiene con prisión domiciliaria. Hace un instante, el doctor Sabsay marcaba de que, a su juicio, los plazos estaban prescriptos para actuar, por ejemplo, en el Tribunal de San José de Costa Rica, que eran, creo que alrededor de 60 días, y algo parecido en las Naciones Unidas. Usted, creo, que tiene una opinión particular respecto de los otros juristas que estuvimos consultando, así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Cuéntenos, por ejemplo, su perspectiva de cuánto modifica o no el fallo anterior en el que, creo que era el 2017 en mi caso, respecto de que la Corte Suprema de Justicia no va a modificar fallos por más que se lo ordene el Tribunal Interamericano.
Gil Domínguez: "La Corte debería acatar un fallo de la ONU favorable a CFK, pero la defensa se equivoca con la estrategia"
El jurista explicó que una resolución favorable del organismo internacional podría obligar al Estado a reparar la situación de la expresidenta y marcó cuáles son, a su criterio, los argumentos más sólidos de la presentación.












