Cristina Kirchner movió el tablero peronista con una jugada judicial. A un año de que la Corte Suprema confirmara la condena en la causa Vialidad, dos abogados presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU tres pedidos cautelares. Los elegidos para pelear la causa afuera no son improvisados. El brasileño Rafael Valim, especialista en lawfare, integró el universo jurídico que rodeó la defensa de Lula Da Silva ante ese mismo comité –obtuvo un fallo favorable–. Lo acompaña el español Javier Borrego, con trayectoria en el sistema europeo. Como abogado de Marine Le Pen, consiguió la suspensión del uso de la tobillera y que participe de las elecciones. Al igual que Cristina, Le Pen estaba impedida de postularse por una decisión judicial. Además de los argumentos de fondo sobre las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la defensa de Cristina Kirchner pidió al Comité de Derechos Humanos de la ONU tres medidas cautelares urgentes. La primera es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, con el argumento de que la sanción es desproporcionada y no tiene precedentes en la jurisprudencia del propio Comité. La segunda apunta a la integración de la Corte Suprema: los abogados reclaman que se completen las vacantes del tribunal, que hoy funciona con solo tres miembros, algo que consideran una afectación al Estado de derecho. La tercera pide que se flexibilicen las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta, en línea con el reclamo que viene sosteniendo CFK sobre las restricciones al régimen de visitas. En diálogo con PERFIL, Rafael Valim explica los alcances de la presentación, las diferencias y similitudes con el caso Lula, y si el kirchnerismo puede aspirar a tener una resolución a tiempo para el calendario electoral de 2027.