Cristina Fernández de Kirchner guardó silencio durante medio año, esperó a que se agotaran las instancias judiciales en la Argentina y pateó el tablero. Nadie, excepto sus abogados, sabía que presentaría una medida cautelar para revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La estrategia judicial es, en realidad, una estrategia política, y CFK está dispuesta a todo por conseguir su libertad. Hasta a ser candidata a presidenta.
La decisión de ir al Comité de DDHH de la ONU, antes que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fue casual. La expresidenta eligió ese camino con un objetivo claro: apurar los tiempos y forzar un pronunciamiento sobre la causa Vialidad, si no sobre el fondo, al menos sobre sus consecuencias inmediatas. Sus dos nuevos abogados, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, anunciaron cuatro presentaciones durante la conferencia de prensa en el Hotel NH Buenos Aires: una medida cautelar para revertir la inhabilitación política, otra para cambiar las condiciones de la prisión domiciliaria, una tercera para modificar la composición de la Corte Suprema y, finalmente, una presentación de fondo contra la condena.
