Cristina Kirchner activó hoy, una de las últimas cartas que le quedaban en la causa Vialidad: una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, representada por su abogado Alberto Beraldi y dos incorporaciones de peso: el brasileño Rafael Valim, parte de la defensa de Lula da Silva en Lava Jato, y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la pregunta que inmediatamente sigue, más allá del gesto político, es jurídica y concreta: ¿puede este organismo anular la condena que le dictó la Justicia argentina, o solo se limita a cuestionar el proceso que la produjo?
La respuesta corta está más cerca de la segunda. El Comité de Derechos Humanos (CCPR) no es un tribunal. Es uno de los diez órganos de tratados de la ONU, integrado por dieciocho expertos independientes, encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus pronunciamientos se llaman "dictámenes" u "observaciones" (en inglés, views), no sentencias, y carecen de fuerza ejecutiva. No pueden dejar sin efecto un fallo de la Corte Suprema argentina, no ordenan liberar a nadie ni restituir derechos políticos, y ningún tribunal argentino está obligado a acatarlos. Es una diferencia central con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias sí son vinculantes para el Estado argentino..
