El ecosistema político argentino suele ofrecer un catálogo inagotable de distracciones, una suerte de entretenimiento persistente que oscila, según el día, entre el absurdo y la resignación. En esa franja difusa que habita entre el kirchnerismo y la estructura tradicional del peronismo, la agenda judicial volvió a encender sus motores con una jugada que roza la alucinación estratégica. Apareció en escena un abogado vinculado a Luiz Inácio Lula da Silva para asesorar formalmente a Cristina Fernández de Kirchner. ¿El objetivo? Apoyarse en un equipo legal transnacional para llevar el caso Vialidad ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La apuesta pretenciosa de la ex mandataria es lograr que un organismo de ese calibre desmonte la sentencia argentina. Un disparate técnico e institucional por donde se lo mire. Apostar a que un comité internacional de derechos humanos derribe fallos locales sobradamente ratificados es, como mínimo, un ejercicio de voluntarismo desconectado de la realidad.
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