El Gobierno ha limitado a los jueces la mayoría de los detalles requeridos sobre el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los independentistas. Así se desprende de los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros a petición de los distintos instructores de Barcelona, y que solo han proporcionado información parcial sobre la infiltración con el programa Pegasus.
El espionaje a los independentistas, ocurrido tanto bajo Ejecutivos del PP como del PSOE, provocó un escándalo político en 2022 y el cese de la entonces directora del CNI, Paz Esteban, hoy investigada en media docena de causas. Cuatro años después, ninguna de las denuncias de las víctimas repartidas en una decena de juzgados de Barcelona y Madrid (la Justicia rechazó agruparlas en una macrocausa) ha llegado a juicio.
El retraso se explica por tres causas. Las pocas ganas de investigar de algunos jueces, que han sido reprendidos por la Audiencia de Barcelona; el silencio de Israel (sede del grupo NSO, que comercializa Pegasus) a las peticiones de colaboración judicial; y la reticencia del Gobierno a desclasificar aspectos clave del espionaje.
La media docena de acuerdos del Consejo de Ministros que abordan la desclasificación de datos del CNI solicitada por jueces que investigan las infiltraciones con Pegasus ha seguido un mismo patrón, coinciden distintas fuentes jurídicas consultadas.
