La Comunidad de Madrid debe explicar el coste y el uso de un ático de lujo en una de las zonas más caras de la capital, más allá de las confusas declaraciones de la presidenta
Cada vez que se conoce una información embarazosa para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la reacción de Isabel Díaz Ayuso suele ser la misma: declararse víctima de una campaña de desprestigio contra ella. El guion se ha repetido de nuevo tras la publicación por este periódico de la operación de compra por una empresa del Gobierno regional de un ático de lujo en una de las zonas más caras de Madrid, un piso de 485 metros cuadrados de los que casi 200 corresponden a una terraza.
En sus declaraciones en rueda de prensa, la presidenta no ha ofrecido muchas más explicaciones que asegurar que el piso se ha adquirido para usarlo con el fin de “hacer reuniones temporalmente”. Ayuso no ha aclarado el coste de una operación que, según los precios medios en la zona, podría ascender a por lo menos 4,5 millones de euros. Ni tampoco ha contestado a las dudas sobre la legalidad de instalar una oficina en una planta de un edificio donde, según la legislación y los expertos consultados, el plan de urbanismo de Madrid solo permite el uso residencial. “No me compete”, ha sido toda su respuesta.
