Carmen tiene 79 años, es viuda y en agosto de 2025 ganó 35.000 euros jugando al cupón de la ONCE. Lo primero que le pasó por la cabeza fue usar el dinero para hacer un viaje a Portugal, pero sus planes quedaron suspendidos cuando le informaron de que no podía cobrar el premio: su nombre aparecía en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego o, lo que es lo mismo, estaba inscrita en una lista de personas que se prohíben a sí mismas participar en juegos de azar. Casi un año ha tardado Carmen en constatar que fue su marido quien la metió en ese registro, sin su consentimiento y sin que ella tuviera constancia. Ahora pelea en los tribunales para que su inscripción se declare nula y poder cobrar el premio.Cuando Carmen tuvo conocimiento de que su nombre aparecía en esta lista, llevaba ya 13 años inscrita en ella. El registro databa de finales de enero de 2012 pero la mujer, que jamás había tenido problemas con el juego, no tenía ni siquiera constancia de que existiera este recurso, creado un año antes por la ley estatal de regulación del juego y que permite que personas con problemas de adicción se apunten voluntariamente para que se les prohíba la entrada a salas de juego, bingos o participar en apuestas online.Cuando en su banco le dieron la noticia de que no podían abonarle el premio por ese motivo, la mujer entró en shock. “Mi madre me llamó llorando, no entendía nada. Ni ella, ni yo, ni ninguno de mis hermanos”, explica a EL PAÍS la menor de sus seis hijos, María (nombre ficticio). Su madre, asegura, nunca había tenido ningún problema de adicciones. Se limitaba a jugar a la Lotería Nacional en Navidad y a los cupones la ONCE “desde siempre”, con frecuencia al número con el que obtuvo el premio, que se vendía en el club de mayores del municipio de Los Alcázares (Región de Murcia) al que acudía con sus amigas. Allí organizaban bingos los sábados y el premio era “un jamón o un queso”. Fue uno de esos sábados cuando compró el cupón y su hija sospecha que esos bingos en el centro social fueron también el detonante de la inscripción en el registro, que gestiona la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Era machista y no le gustaba que fuera al bingo con sus amigas”“Mi padre era un desastre como marido. Tenía un pensamiento machista y no le gustaba que mi madre fuera al bingo del centro social con sus amigas, porque él se quedaba solo en casa. Tuvieron una discusión fuerte por ese motivo”, explica María. Ella supone que su padre, que falleció en 2015 tras una larga enfermedad, debió de compartir su enfado con algún amigo, que le animaría a inscribir a su esposa en este registro, sin ser consciente de que solo sirve para establecimientos de juego oficiales. Lo que sí tiene confirmado María es que fue su padre quien inscribió a su madre en el registro, y que lo hizo suplantando su identidad y su firma, mediante un burofax enviado a la Dirección General de Ordenación del Juego desde una oficina de Correos. El burofax, al que ha tenido acceso EL PAÍS, está redactado a nombre de Carmen, que declara que ha acudido “con frecuencia a establecimientos públicos, casinos y lugares de juego”, sufriendo una “grave merma” en su patrimonio, por lo que manifiesta su “petición expresa, clara y determinante” de que se le prohíba el acceso a “cualquier establecimiento de juego” con carácter de “autoprohibición irrevocable”. En el mismo escrito, fechado en enero de 2012, la mujer autoriza a su marido a presentar la petición en su nombre “por imposibilidad transitoria” que le impide conducir o desplazarse. La sorpresa de Carmen y de su hija al tener conocimiento de este documento este mismo mes de julio, tras un periplo de reclamaciones administrativas y judiciales, fue mayúscula: en aquellas fechas, era precisamente el marido quien estaba enfermo, y Carmen, que llevaba un tiempo viviendo separada de él, volvió a convivir con él para cuidarle y para llevarle en coche a sus citas médicas y revisiones, explica la hija. Además, el documento incluye varios errores, como la localidad de nacimiento de la mujer o su propia firma, que no es “ni parecida” a la de Carmen y que incluso tiene el apellido mal escrito, por lo que María no se explica que ese documento fuera aceptado por la Dirección General para incluirla en el registro.La familia ha tenido acceso a este burofax después de meses de batallas administrativas y judiciales, según explica su abogado, Antonio Ruiz, director del despacho especializado en deporte y entretenimiento RPB Legal. Carmen recurrió en un primer momento el cobro del premio a la ONCE por la vía administrativa, y actualmente el asunto está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En paralelo, el abogado ha solicitado por vía administrativa la nulidad de pleno derecho de la inscripción de Carmen en este registro de autoprohibición del juego porque considera que nunca debió de haberse producido y que fue fraudulento. El registro, insiste el abogado, no se hizo por los cauces legales establecidos (a través de la sede electrónica de la Dirección General o personándose Carmen ante la Guardia Civil o la Policía Nacional), y la propia administración, en el expediente remitido tras presentarse el recurso contencioso en los tribunales, reconoce que el alta en el registro se hizo mediante un modelo “no normalizado”, es decir, no oficial y que el abogado califica incluso de “burdo”. Este periódico ha solicitado información a la Dirección General de Ordenación del Juego sin recibir respuesta.En cuanto a la ONCE, un portavoz de la entidad ha aclarado que la ley les prohíbe abonar los premios a las personas inscritas en este registro, así como a quienes aparecen en otros listados oficiales del Ministerio de Interior por supuestas relaciones con tramas de terrorismo o de blanqueo de capitales. “Nosotros vivimos de dar premios. En 2025, la ONCE repartió 1.660 millones de euros en premios, más de 81 millones solo el pasado fin de semana. Estaríamos encantados de pagar también estos 35.000 euros, pero la ley nos lo impide. Si la inscripción en el registro llega a anularse de manera oficial o por vía judicial, cobrará su premio en el minuto uno”, aseguran desde la entidad, en la que señalan también que este tipo de casos son “muy infrecuentes”, pero no únicos. En los últimos años, seis casos de personas inscritas en el registro de autoprohibición han llegado a los tribunales, y todos se han resuelto a favor de la ONCE. Para la hija de Carmen, más importante que cobrar el dinero, es que su madre pueda tener la tranquilidad de que “no la están engañando”. “Esta situación la ha afectado muchísimo. No entiende lo que ha pasado. Piensa que la engaña la ONCE, que la engaña el banco, incluso que éramos sus hijos los que la estábamos engañando. Tiene párkinson y los síntomas han empeorado. Lo que más desearía es que se quede tranquila, que no sienta que ha sido engañada. Y que se gaste todo el premio en viajes”, afirma su hija.