El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 publicado este jueves y con la firma de Javier Milei y su gabinete modifica la Ley de Migraciones N.° 25.871 para incorporar dos nuevas causales de rechazo de ingreso y de cancelación de residencia: haber dirigido “mensajes de odio” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino “motivado en la nacionalidad”, y haber realizado o participado en “actos de ultraje” contra los símbolos patrios nacionales.
El decreto llega en medio de la tensión que la Casa Rosada calificó como una “campaña antiargentina”, después de que celebridades como el actor Samuel L. Jackson, la cantante Rosalía, el músico Niall Horan o el escritor Arturo Pérez-Reverte cuestionaran públicamente a la Argentina tras la final del Mundial 2026. Milei había acusado, sin pruebas concretas, a los gobiernos de Brasil y de México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de financiar esas críticas, en paralelo a una crisis diplomática con Brasil desatada después de que calificara a Luiz Inácio Lula da Silva de “ladrón” y “presidiario”.
La autoridad de aplicación de la norma sigue siendo la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que desde fines de 2025 dejó de depender del Ministerio del Interior y pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La DNM no cuenta con fuerza propia: delega el control físico en la llamada “policía migratoria auxiliar” —Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria—, reforzada en junio con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria específicas dentro de esas cuatro fuerzas. Sin embargo, el decreto no establece ningún protocolo para identificar, antes del cruce fronterizo o durante la estadía en el país, quién emitió un “mensaje de odio”. La norma no prevé un mecanismo de constatación propio, por lo que en la práctica su aplicación quedaría librada a denuncias, publicaciones de prensa o repercusión en redes sociales, y no a un control sistemático en los pasos migratorios.
