El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 para impedir el ingreso al país o expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio contra los argentinos, inciten a la violencia por motivos de nacionalidad o participen en actos de ultraje a los símbolos patrios. La medida ya entró en vigencia y abrió un debate jurídico sobre su constitucionalidad y sus alcances.
Según el texto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo incorporó nuevas causales para prohibir el ingreso de extranjeros y cancelar residencias ya otorgadas. Además, estableció que, una vez revocada la residencia por esos motivos, la persona deberá abandonar el país o podrá ser expulsada, aunque aclara que la decisión deberá contemplar las circunstancias particulares de cada caso.
En diálogo con Punto a Punto Radio, el abogado constitucionalista Rodrigo López Taiz cuestionó la decisión del Gobierno de recurrir a un DNU para modificar la legislación migratoria y sostuvo que, a su criterio, no existen las condiciones excepcionales que exige la Constitución Nacional.
"El artículo 99 inciso 3 de la Constitución es muy claro. El Poder Ejecutivo tiene prohibido dictar disposiciones legislativas salvo que existan razones de necesidad y urgencia que impidan el trámite legislativo normal. En este caso, el Congreso está en funciones y el proyecto podría haberse discutido allí", afirmó.
