El presidente Javier Milei modificó la política migratoria argentina mediante un reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país y disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que promuevan discursos de odio, discriminación o violencia contra la República Argentina, sus habitantes o sus símbolos nacionales. La decisión, anunciada por la Oficina del Presidente y oficializada mediante un nuevo DNU, representa un endurecimiento adicional del régimen migratorio instaurado por el Gobierno desde mayo de 2025 y se inscribe, según la Casa Rosada, dentro de una estrategia destinada a proteger la soberanía nacional frente a la creciente campaña de agresiones contra el país registrada en los últimos meses, particularmente después del Mundial de fútbol de 2026.
El decreto modifica la Ley de Migraciones para establecer expresamente que podrán ser rechazados en frontera o expulsados del territorio nacional aquellos extranjeros que "promuevan, inciten o difundan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad", así como quienes realicen actos que impliquen el ultraje de los símbolos patrios argentinos. La normativa aclara, sin embargo, que la medida no alcanza a las opiniones, críticas o manifestaciones de carácter ideológico, político, académico o periodístico protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión, una precisión incorporada por el Poder Ejecutivo para diferenciar la nueva figura de las simples opiniones o cuestionamientos dirigidos al Gobierno nacional.
