No aparecen en el texto ni la cantante Rosalía, ni el actor Samuel L.Jackson, ni mucho menos las durísimas críticas hacia la bandera argentina que desplegaron los jugadores argentinos en el Mundial, con la consigna “Las Malvinas son argentinas”.
Pero el decreto 681/26, firmado por el presidente Javier Milei y el gabinete en pleno, que modifica la ley de Migraciones y establece penas de prohibición de ingreso al país y eventual expulsión de extranjeros que “propaguen mensajes de odio”, es, según distintos funcionarios, la “respuesta necesaria” a la “campaña anti-argentina”, que desde el Presidente hacia abajo, viene denunciando la administración libertaria.
Una campaña que, según afirmó el Presidente y apoyaron otros ministros, provino de los gobiernos opositores de Brasil y México, más el Partido Demócrata de Estados Unidos.
Distintas fuentes oficiales centran el origen del decreto en la oficina que el asesor presidencial Santiago Caputo tiene en el primer piso de la Casa Rosada. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras.
Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, posteó el propio consultor la semana pasada, luego de distintas expresiones opositoras de condena a dichos de actores, cantantes y mensajes en redes sociales acusando a los argentinos de “racistas”, entre otras descalificaciones.
