Ahora que su innecesaria guerra en Irán no va demasiado bien, la Administración Trump ha abierto una guerra virtual contra la Corte Penal Internacional (CPI). Con una argumentación plagada de falacias, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió a mediados de julio “desmantelar” el tribunal al que considera una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. El verdadero objetivo del Gobierno estadounidense es garantizar la impunidad de los que cometen crímenes de guerra, también cuando son cometidos en territorio de países miembros de la CPI.
En una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal y en un vídeo que difundió por la red social X, Rubio imagina una distopía en la que oficiales estadounidenses, como policías o guardias fronterizos, son “llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países aleatorios de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”.
Pura ficción. La CPI no tiene jurisdicción para juzgar los delitos cometidos en Estados Unidos. Eso solo sería posible si Donald Trump empezara a desplegar en el extranjero a esos agentes de Policía o de la Guardia fronteriza.
