Actualizado Jueves,
julio
01:30Nuevo choque entre la CEOE y el Ministerio de Trabajo. Los empresarios han hecho una enmienda a la totalidad de la reforma que est� planeando Yolanda D�az para transponer la directiva europea sobre transparencia retributiva a la regulaci�n espa�ola. Se trata de una de las grandes reformas que tiene la vicepresidenta en cartera para acabar con el secreto salarial en las empresas y que se ha visto obligada a mandar a septiembre, junto con el registro horario, para intentar recabar los apoyos con los que no cuenta a d�a de hoy.En un documento trasladado a la mesa de negociaci�n, al que ha tenido acceso EL MUNDO, la patronal tumba pr�cticamente todos los apartados del borrador elaborado por el equipo de D�az y advierte de que, con el actual planteamiento, el Gobierno estar�a yendo incluso un paso m�s all� de las exigencias de Bruselas, endureciendo las medidas que fija el texto comunitario, incluyendo obligaciones adicionales e imponiendo m�s trabas burocr�ticas a las empresas.En el documento remitido a los agentes sociales en la reuni�n mantenida el pasado lunes, el equipo negociador de Antonio Garamendi no cuestiona la necesidad de adaptar la normativa espa�ola a la directiva europea, pero s� critica que, a su juicio, la reforma que est� proponiendo el Ministerio de Trabajo no se limita a trasladar el contenido de la directiva, sino que endurece algunos criterios, introduce nuevas cargas administrativas y mezcla conceptos que pueden llegar a generar inseguridad jur�dica. Y eso que el texto que ha puesto sobre la mesa Yolanda D�az no transpone toda la directiva europea sobre transparencia retributiva, sino que se limita a las obligaciones que pueden desarrollarse por v�a reglamentaria, como el registro retributivo, las auditor�as salariales o determinados procedimientos de informaci�n, evitando las medidas que exigen modificar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y otras normas con rango de ley. De hecho, fuentes de Trabajo reconocen que el primer paso que se est� dando ahora es concretar esos cambios reglamentarios que no necesitan pasar por el Congreso de los Diputados, y posteriormente se abordar�n otras medidas, como el endurecimiento de las multas por no garantizar la igualdad retributiva o la obligaci�n de incluir la informaci�n salarial en las ofertas de empleo.Precisamente por el escaso alcance, los sindicatos tumbaron el anterior borrador de Trabajo por considerar que estaba incompleto, al suponer una transposici�n parcial de la directiva que deja fuera algunos de los pilares de la norma comunitaria. No obstante, la CEOE considera que la �ltima propuesta del Ministerio introduce obligaciones adicionales para las empresas respecto a las previstas en la directiva en materias como la progresi�n retributiva. En concreto, el texto plantea obligar a las empresas a revelar c�mo fijan los salarios y cu�les son los criterios que rigen en los ascensos y las subidas de sueldo. Pero la patronal sostiene que las compa��as no est�n obligadas a disponer de sistemas de progresi�n salarial, por tanto, no puede imponerse una obligaci�n de informar sobre algo que la ley no exige crear, algo que incurrir�a, a su juicio, en un exceso normativo (ultra vires, en t�rminos jur�dicos).Asimismo, los empresarios cuestionan otras exigencias como la solicitud de informaci�n sin l�mites para los trabajadores que quieran conocer los sueldos de sus compa�eros o la prohibici�n de las cl�usulas que impiden a los empleados revelar informaci�n sobre sus condiciones salariales. Tambi�n denuncian que el texto impone obligaciones de dif�cil aplicaci�n en las pymes y da apenas dos meses a las empresas para corregir las diferencias retributivas, un plazo "insuficiente" que "carece de justificaci�n normativa".Por otro lado, el borrador endurece los plazos en los que las empresas est�n obligadas a presentar la informaci�n sobre la brecha salarial, adelantando el calendario respecto a lo que marca la directiva europea. Por ejemplo, en el caso de las compa��as de entre 100 y 150 trabajadores, les obliga a empezar a cumplir desde 2027, como las empresas de mayor tama�o, en lugar de esperar a 2031, que es lo que fija Bruselas.Otra de las cr�ticas t�cnicas de m�s calado tiene que ver con algunos de los elementos que el Ministerio incorpora en la auditor�a retributiva, mezclando la valoraci�n de puestos de trabajo -donde incluye factores personales, como la evoluci�n retributiva tras determinados permisos- con el an�lisis estad�stico de la brecha salarial en la plantilla. Esto, en opini�n de CEOE, "desnaturaliza completamente la metodolog�a de valoraci�n de puestos".Ante este endurecimiento del marco normativo comunitario, los representantes empresariales piden a Trabajo que sea fiel a la directiva europea, se limite a transponer lo que marca reglamentariamente y respete las obligaciones y los plazos que establece. Todo, en aras de garantizar la seguridad jur�dica en una norma que necesita un reflejo urgente en el Bolet�n Oficial del Estado (BOE).El Ministerio de Trabajo quiere que el real decreto entre en vigor al d�a siguiente de su publicaci�n en el BOE, plazo que los empresarios piden que se ampl�e a los seis meses, siempre y cuando las compa��as dispongan de las herramientas necesarias para la implantaci�n de las nuevas obligaciones.El Gobierno ya va tarde porque el plazo para transponer la directiva, que es de obligado cumplimiento, finaliz� el pasado 7 de junio. No obstante, fuentes del departamento que dirige Yolanda D�az avanzan que la Comisi�n Europea ha concedido algo m�s de margen a Espa�a y el resto de Estados miembros. En reuniones mantenidas la semana pasada, la vicepresidenta constat� que la Comisi�n est� dispuesta a conceder una mayor "laxitud" hasta oto�o, lo que permitir� evitar una multa millonaria de Bruselas.
