NoticiaEl documento también revela cifras preocupantes sobre violencia sexual, trabajo infantil, reclutamiento en niños, niñas y adolescentes.. Foto: Archivo particular27.07.2026 09:02 Actualizado: 27.07.2026 09:02
Al cierre del cuatrienio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deja un panorama de contrastes. Mientras la entidad destaca avances en indicadores sociales y niveles históricos de ejecución presupuestal, el informe de empalme advierte que el próximo Gobierno deberá enfrentar una brecha financiera cercana a los $7,6 billones para garantizar la continuidad de los programas y cumplir con las obligaciones de la entidad.Según el documento, para 2027 el ICBF estima que requerirá alrededor de $21,5 billones, mientras que la proyección del Ministerio de Hacienda asciende a $13,8 billones, una diferencia que compromete la financiación de programas estratégicos de atención a la niñez y las familias. Solo para los principales proyectos de inversión, la entidad calcula un déficit cercano a $6 billones, concentrado en iniciativas como el fortalecimiento de capacidades institucionales, la atención integral a niños, niñas y adolescentes.“Monto que así fuese sólo para el ICBF resulta insuficiente para cubrir las necesidades de atención de los niños y niñas, adolescentes y sus familias en términos de cobertura y calidad, por supuesto al ser una propuesta indicativa deberá ante congreso y en el marco del proceso de asignación presupuestal identificar los recursos necesarios para garantizar la ejecución de la entidad para el año 2027”, se lee en el informe sobre el anteproyecto del presupuesto de 2027.Se necesita más de un billón de pesos para finalizar el 2026. Foto:Archivo EL TIEMPOEn el mismo informe se explica que el ICBF ha iniciado un proceso histórico de dignificación y formalización laboral para las madres comunitarias, sustitutas y trabajadores de hogares infantiles en cumplimiento a la reforma laboral. Sin embargo, su implementación se ha convertido en uno de los principales retos financieros."Logrando un primer hito con 2.353 madres comunitarias vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como trabajadoras oficiales en 31 regionales", detalla el documento.La segunda fase de la formalización contempla la vinculación de 15.321 madres comunitarias, para lo cual el ICBF estima que se requerirán $759.133 millones adicionales en gastos de funcionamiento.Las dificultades presupuestales no solo afectan la planeación de 2027. Para finalizar la vigencia de 2026, el Instituto advierte que necesita gestionar $1,15 billones adicionales, debido a algunas decisiones del mismo gobierno, el incremento del salario mínimo, el aumento del IPC y entre otros costos. "La sostenibilidad presupuestal para el cierre de la vigencia 2026 constituye uno de los asuntos de atención prioritaria para la administración entrante (...) a fin de garantizar la sostenibilidad presupuestal necesaria para la prestación de los servicios conforme a los tiempos de atención definidos en los manuales operativos", se lee en el informeAstrid Cáceres Cárdenas asumió la dirección de la entidad en 2023. Foto:ICBF / Archivo EL TIEMPORespecto a el control interno, el informe señala que la entidad presentó 18 informes ante la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción que involucran a 618 personas jurídicas y 516 personas naturales.Entre los casos más llamativos aparece la contratación del sistema tecnológico "BETTO", presentado como una herramienta basada en inteligencia artificial. Sin embargo, una auditoría concluyó que la plataforma no utilizaba algoritmos de IA, sino reglas básicas de programación.El balance de las adopciones y la protección de la niñezEl balance también incluye las cifras del programa de adopciones entre 2022 y el 31 de mayo de 2026. Durante ese periodo, el número de niñas, niños y adolescentes con familia asignada se mantuvo relativamente estable: 986 adopciones en 2022, 947 en 2023, 907 en 2024 y 949 en 2025. En lo corrido de 2026, con corte al 31 de mayo, ya se habían registrado 291 asignaciones de familia. El informe muestra además que la mayoría de las adopciones corresponden a niñas, niños y adolescentes con características y necesidades especiales, lo que corresponde a cerca de seis de cada diez asignaciones realizadas en los últimos cuatro años. LEA TAMBIÉN El informe de empalme también advierte sobre el aumento en la demanda de atención a menores víctimas de violencias basadas en género, especialmente violencia sexual. A través de la estrategia BINAS, el ICBF pasó de atender 476 casos en 2022 a 1.333 casos, lo que representa un incremento cercano al 180 %. En total, la entidad reporta 4.381 acompañamientos durante el cuatrienio.El trabajo infantil continúa siendo otro de los principales desafíos que enfrenta el país. Entre 2022 y mayo de 2026, el ICBF realizó 8.811 jornadas de búsqueda activa, mediante las cuales identificó 16.895 niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil o en alta permanencia en calle.Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde al 'Programa de Atención Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Reclutamiento Ilícito'. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2026 ingresaron 1.419 menores de edad que lograron salir de grupos armados ilegales. La cifra evidencia que el reclutamiento continúa siendo una de las principales amenazas para la niñez en los territorios más afectados por el conflicto armado.Menores rescatados víctimas del reclutamiento por parte de grupos armados. Foto:Ejército Nacional“Actualmente en el Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos a niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito que se desvinculan de los grupos armados organizados al margen de la ley, se encuentran ubicados 269 beneficiarias y beneficiarios” establece el documento.A pesar de estos retos, el ICBF cierra el cuatrienio con resultados positivos en algunos indicadores sociales. El informe destaca una reducción del 60,4 % en la mortalidad por desnutrición aguda y una disminución del 38 % en el embarazo adolescente. Sin embargo, la administración entrante (que por ahora no tiene cabeza nombrada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella) heredará una entidad con grandes responsabilidades, una infraestructura que aún requiere inversiones y una presión presupuestal que obligará a replantear su sostenibilidad financiera para los próximos años.Natalia Peláez Sabogal Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPORedacción Justicia Conozca más noticias de Justicia: LEA TAMBIÉN Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
