NoticiaPara el periodo 2024–2026, los recursos de la comisión encargada de este objetivo se redujeron a solo $1.810 millones. Detalles.La Defensoría del Pueblo establece que la región más golpeada por este flagelo es el Chocó. Foto: Contraloría y Gobernación del Meta.20.05.2026 09:53 Actualizado: 20.05.2026 09:53
La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre las fallas del Estado para prevenir el reclutamiento forzado y proteger a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Un estudio del órgano de control reveló graves debilidades institucionales, reducción de recursos y problemas operativos en programas clave de atención y protección infantilSegún el informe presentado este martes en Bogotá, por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, la situación más preocupante se registra en la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), que sufrió una reducción presupuestal del 83,8 % para el periodo 2024-2026.“La protección de la niñez enfrenta un escenario crítico marcado por la ineficacia del gasto público, la reducción de recursos y debilidades estructurales en la implementación de las políticas públicas”, señaló la Contraloría, además, en un comunicado divulgado al público.Contralor Carlos Hernán Rodríguez Foto:Mauricio MorenoEl estudio, denominado “Desafíos Institucionales y Fiscales de la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia en Colombia”, analizó la respuesta estatal frente al reclutamiento y la violencia sexual contra menores, así como el funcionamiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y los programas de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.De acuerdo con la entidad, los recursos asignados a la CIPRUNNA pasaron de más de $12.891 millones en el periodo 2019-2023 a apenas $1.810 millones para 2024-2026. Para la Contraloría, esta reducción “limita gravemente la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a la niñez en los territorios más vulnerables”.El órgano de control también cuestionó la baja ejecución presupuestal de esa comisión. Aunque entre 2019 y 2023 fueron asignados $12.891 millones, solo se ejecutaron $9.216 millones, dejando sin utilizar cerca de $3.675 millones.La JEP ha documentado patrones como el aborto forzado y desaparición de recién nacidos. Foto:JEP“Este comportamiento evidencia que el problema además de ser de reducción de recursos, es también de capacidad institucional para transformar el presupuesto en resultados efectivos”, advirtió la Contraloría.Las alertas también alcanzan al PARD. Durante las visitas técnicas realizadas por el ente de control se detectó que más del 60 % de los equipos interdisciplinarios están incompletos, lo que afecta la atención integral a menores víctimas de vulneraciones de derechos.Además, el informe evidenció una sobrecarga laboral crítica. Según la Contraloría, algunos defensores de familia atienden hasta 120 casos semanales, situación que genera retrasos y decisiones tardías en los procesos de protección.En relación con la atención a la primera infancia, la entidad identificó “fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos”, asociadas a problemas de información, supervisión y articulación institucional.El contralor general Carlos Hernán Rodríguez. Foto:CGRUno de los hallazgos que más llamó la atención del organismo de control fue la variación en el número de alertas registradas por el sistema. Mientras en 2022 se reportaron 1.488 casos y en 2024 se contabilizaron 1.458, durante 2023 solo se registró un caso.Para la Contraloría, esa diferencia “evidenciaría posibles limitaciones en la capacidad operativa de la entidad”, especialmente en los mecanismos de reporte y seguimiento de situaciones de riesgo para menores de edad.El estudio también concluyó que existe una alta concentración del gasto público en zonas urbanas, mientras que las estrategias de fortalecimiento familiar y comunitario en áreas rurales siguen enfrentando problemas de cobertura y financiación.Ante este panorama, la Contraloría General de la República hizo un llamado urgente a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a las autoridades territoriales para fortalecer la coordinación institucional. “El deber del Estado es garantizar que cada recurso se traduzca en protección y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes”, concluyó Carlos Hernán Rodríguez.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
