Noticia Exclusivo suscriptores En el país harían falta $48,5 billones de pesos para garantizar la cobertura de todos los niños, niñas y adolescentes, revela informe.El juego constituye uno de los pilares más importantes para el aprendizaje, desarrollo integral y bienestar de las niñas y los niños en su primera etapa de vida. Foto: aeioTUSUBDIRECTOR VIDA22.07.2026 13:15 Actualizado: 22.07.2026 13:15
Casi un tercio de los niños, niñas y adolescentes colombianos podrían quedar sin atención integral si el país no toma decisiones estructurales de financiación en los próximos años. Así lo revela un nuevo ejercicio de costeo elaborado por Save the Children Colombia, Red PaPaz, la Alianza por la Niñez Colombiana y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana, que actualiza los cálculos hechos en 2023 sobre los recursos necesarios para implementar la Política de Estado ‘Todos por la Infancia y la Adolescencia’, establecida mediante la Ley 2328 de 2023. LEA TAMBIÉN Aquel primer ejercicio técnico buscaba estimar los recursos necesarios para garantizar la implementación integral de la Ruta de Atención Integral (RIA) para niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años, y ya entonces había evidenciado brechas importantes en dimensiones como educación, salud, participación y cuidado.Tres años después, los autores del estudio encontraron que los retos para atender a esta población son enormes. Uno de los datos más reveladores es que para garantizar la atención integral de la niñez y la adolescencia colombiana hacia 2030, el país necesita $125,8 billones, pero solo tiene identificados $83,5 billones. La diferencia —$42,3 billones— representa la brecha que el próximo gobierno, que asume el 7 de agosto, tendrá que empezar a cerrar.Estos cálculos se hicieron tomando en cuenta diferentes factores que han cambiado el panorama de la niñez en los últimos años, como el aumento del salario mínimo, las nuevas proyecciones poblacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones (SGP) y la consolidación del Trazador de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del Departamento Nacional de Planeación (DNP)Recursos insuficientes para la niñezCon los recursos actuales y el costo de las atenciones vigentes, Colombia solo estaría en condiciones de financiar una atención integral para el 68 por ciento de los niños, niñas y adolescentes del país. El 32 por ciento restante, cerca de 3,3 millones de menores de una población total estimada en 9,87 millones entre los 6 y 18 años, quedaría por fuera de esa cobertura.Así las cosas, el estudio advierte que estos recursos son los necesarios solamente para garantizar la cobertura, pero esto no es lo mismo a garantizar calidad. Es decir, que los recursos alcancen para cubrir a ese 68 por ciento no significa que esa proporción esté recibiendo una atención integral efectiva en la práctica.A esa inequidad de cobertura se suma una inequidad territorial poco visibilizada. Y es que atender a un niño o niña en zona rural cuesta $18,2 millones de pesos al año, un 15 por ciento más que los $15,8 millones de pesos que cuesta en zona urbana.Sin embargo, los esquemas actuales de financiación no reconocen esa diferencia. Los autores del estudio son enfáticos en que una política que aplique criterios de asignación homogéneos entre territorios, sin tener en cuenta este sobrecosto rural, terminará reproduciendo inevitablemente las desigualdades que se busca cerrar, en lugar de corregirlas.El área más crítica, de acuerdo con el análisis, es la de salud, bienestar y protección infantil. Allí se identificaron apenas $6,14 billones de pesos disponibles, pero para garantizar esta atención a todos los niños, niñas y adolescentes son necesarios $14,46 billones de pesos adicionales.Esta situación se hace más crítica en contextos de mayor riesgo de violencia sexual, el reclutamiento y la captación digital de niños, niñas y adolescentes. Frente a estas problemáticas, el estudio señala que la mayor parte de los recursos disponibles sigue concentrándose en la atención a víctimas y no en la prevención. “Esto ocurre justamente cuando miles de niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos crecientes de violencia sexual, reclutamiento y captación digital. El próximo gobierno debe asumir el financiamiento de la niñez como una prioridad fiscal”, afirmó María Mercedes Liévano, directora país de Save the Children Colombia.Los niños de Galeras (Sucre) . Foto:Archivo particularCrece la inversión, pero hay problemas de focalizaciónAunque la inversión pública en niñez creció 48 por ciento en los últimos años, el estudio precisa que ese incremento perdió poder real por efecto de la inflación, lo que explica por qué el aumento nominal no se ha traducido en una cobertura proporcional. Los autores insisten en que cerrar la brecha no depende únicamente de crear nuevos impuestos ni de conseguir más recursos: reducir ineficiencias institucionales podría liberar billones de pesos adicionales cada año sin necesidad de nuevas fuentes de financiación.En salud infantil, por ejemplo, si Colombia logra reducir a la mitad su brecha de eficiencia, los actuales $6,14 billones podrían generar resultados equivalentes a más de $12 billones, es decir, prácticamente duplicar el impacto de los recursos ya disponibles. En educación, medidas como la reducción del ausentismo docente y una mayor autonomía territorial podrían mejorar los aprendizajes entre 10 y 15 por ciento sin incrementar el gasto.De acuerdo con los autores del estudio, buena parte de la solución no pasa por el Congreso ni por nuevos impuestos o fuentes de financiación para la niñez, sino por decisiones de gestión que ya están al alcance de las entidades responsables.Otro de los problemas identificados es la concentración institucional del gasto público. En 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ejecutó el 79 por ciento de la inversión total registrada en el trazador nacional, lo que dificulta una atención coordinada entre sectores y niveles de gobierno y limita la integralidad intersectorial que exige la Ruta de Atención Integral.A esto se suma que Colombia todavía no cuenta con un sistema completo para rastrear con precisión cuánto invierte realmente en la niñez a nivel territorial: sin reportes territoriales obligatorios y homogéneos, el país no puede identificar con exactitud dónde están las mayores brechas ni cómo articular los recursos nacionales con los locales. El trazador presupuestal de niñez del DNP representa un avance institucional, según el estudio, pero todavía enfrenta retos importantes en su implementación. LEA TAMBIÉN En ese contexto, el estudio señala que la decisión de financiación más relevante para la niñez en la próxima década se está tomando ahora mismo: la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). La Ley 2515 de 2025 ya estableció un incremento progresivo del SGP, y lo que el Congreso defina sobre la distribución de esos recursos entre la nación y los territorios determinará buena parte del financiamiento de la infancia y la adolescencia durante los próximos doce años.Cabe recordar que el Sistema General de Participaciones es una bolsa de recursos que son entregados a las regiones para que sean destinados a educación, salud y saneamiento básico.Al respecto, Gloria Bernal, directora del LEE de la Universidad Javeriana, señaló: “El país tiene una oportunidad histórica para redefinir cómo financia los derechos de la niñez. Las decisiones que se tomen hoy tendrán efectos durante los próximos doce años”.Entre las acciones prioritarias que el estudio propone para el próximo gobierno están mejorar la distribución de recursos entre los territorios, hacer más eficiente el uso del presupuesto público, fortalecer la planeación del gasto y los mecanismos de seguimiento, corregir fallas en algunos sistemas públicos y promover una mejor inversión en programas dirigidos a la niñez.REDACCIÓN EDUCACIÓN Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
