27 de julio, 2026 - 06h00El anuncio del dictador de Nicaragua de que “aquí no volverá a haber más elecciones” obliga a dejar la impavidez regional y actuar en favor de la reivindicación de los derechos, las libertades individuales y la democracia, vulnerados por el tirano. En Nicaragua han sido conculcados y pisoteados todos los derechos, han perseguido, encarcelado, torturado y desaparecido a los que han disentido con el poder único, a menos que agachen la cabeza y se subordinen al déspota, sin derecho a razonar. Han sido casi 20 años del régimen que se transformó peor que el derrocado dictador Anastasio Somoza. El anuncio del tirano de que nunca más habrá elecciones en Nicaragua sepulta aún más la democracia y con ello impide que participe y triunfe la oposición. Él quiere perennizarse en el poder al estilo de Corea del Norte, dictadura totalitaria y hereditaria, presidida por el opresor Kim Jong-un. Gobierno que ejerce un control absoluto sobre la vida de los ciudadanos (que sobreviven de rodillas en absoluta miseria) a través del culto a la personalidad, sistema de vigilancia masivo, censura estricta y campos de trabajos forzados. El pueblo nicaragüense luchó por años hasta derrocar a la dictadura de Somoza y se abrió una esperanza de recuperar la democracia cuando en 1979 se instaló la junta de reconstrucción, cuyo coordinador fue el actual dictador Daniel Ortega.Esta situación debiera llamar la atención a la región y al mundo para sacudirse, dejar la indiferencia e impavidez y reaccionar a tiempo en defensa de la vigencia de esta maltrecha democracia. Se instauraron las dictaduras de Cuba hace 67 años y Venezuela hace 27 años, que lograron la igualdad pero todos en la miseria (menos sus dirigentes), controlados y alineados bajo el pensamiento único, en nombre de una falsa revolución. Uno de los instrumentos olvidados es la Carta de Conducta de Riobamba, impulsada por el finado presidente Jaime Roldós, firmada el 11 de septiembre de 1980 por mandatarios del Grupo Andino, documento histórico que estableciera el principio de la justicia universal en materia de DD. HH., al manifestar que el principio de no intervención de los Estados no puede menoscabar el respeto a la dignidad de la persona humana. Que la defensa de los DD. HH., las libertades y la democracia deben prevalecer sobre el principio de la no intervención y la defensa de la soberanía, palabra manoseada por los dictadores y autoritarios, populistas y demagogos, que solo les ha servido para someter a los pueblos que dejan de pensar libremente. Principio que fue consagrado luego en el sistema universal de Naciones Unidas, con la adopción de la Declaración y Plan de Acción de Viena, de 1993, y el Estatuto de la Corte Penal Internacional, instrumento que incorpora la responsabilidad penal por crímenes de lesa humanidad, con lo cual la comunidad internacional abrió la posibilidad de intervención cuando se violan los derechos y las libertades. Los revolucionarios reivindican la soberanía, pero para tener sometidos a sus pueblos, que caen engañados. El dictador venezolano Nicolás Maduro está en el puesto que le corresponde, una cárcel de Nueva York, igual debiera corresponderle en su momento al dictador de Nicaragua, que se ha burlado de todos. (O)