La decisión de Daniel Ortega de suspender las elecciones constituye una ruptura total y definitiva con el orden democrático en Nicaragua. Para todos los efectos, la democracia ya había desaparecido en ese país, al menos, desde la farsa electoral de 2021, en la que Ortega fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo luego de haber ordenado el encarcelamiento de la mitad de los candidatos de la oposición, expulsado del país de la otra mitad, proscrito a varios partidos políticos de oposición y exiliado y retirado la nacionalidad nicaragüense a un gran número de críticos y opositores, así como con la oprobiosa reforma constitucional de 2024 que concentró todos los poderes del Estado en el Ejecutivo (ahora concebido como “coordinador” de los demás poderes) y que, además, estableció una integración bicéfala de la Presidencia compartida entre él y su esposa Rosario Murillo.​Sin embargo, en lo que constituye una declaración urbi et orbi de la concreción de un orden despótico emitida en la conmemoración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio pasado, Ortega sentenció “…que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.​Punto, se acabó esa condición esencial de toda democracia. Ya ni siquiera se pretende simular, como hasta ahora, una competencia por el poder mediante el voto popular. El poder absoluto lo encarna él, su esposa y su familia y no lo van a soltar, le pese a quien le pese. Se trata de una autocracia en plena forma (bajo el epíteto que se quiera, dictadura, tiranía, despotismo, absolutismo o cesarismo). “Tengo el poder, no lo suelto y de aquí nade me quita, ni a mi ni a los míos”, grita a los cuatro vientos la proclama de Ortega.​Ese desvergonzado anuncio ha generado un rechazo internacional generalizado. En América Latina, dejando de lado los regímenes dictatoriales de Cuba y Venezuela y salvo la excepción de los vecinos países de El Salvador y Honduras, el resto de los gobiernos (incluidos aquellos en los que aún rige la izquierda: Guatemala, Brasil y Uruguay) se han pronunciado en contra del anuncio de que se acabaron las elecciones en Nicaragua.​Por eso resulta tan vergonzosamente evidente la tibia y elusiva postura del gobierno mexicano. Y no me refiero a la abyecta felicitación del embajador mexicano (que, por supuesto, no es un diplomático de carrera) al matrimonio Ortega por el aniversario de la Revolución manifestando “mi cariño y admiración por nuestro hermano Gobierno de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes”, sino a las penosas declaraciones de Claudia Sheinbaum, la Jefa del Estado, en su conferencia de prensa del 27 de julio en el sentido de que: “Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos”, para agregar, “cada país decide, cada pueblo decide”.​Llama la atención que para los gobiernos morenistas ese sacrosanto respeto por la “autodeterminación de los pueblos” se aplica selectivamente y no cuando se trata de defender a Cristina Kirchner, a Pedro Castillo o a funcionarios del correísmo acusados de corrupción, entre otros, lo que nos han acarreado, por cierto, no pocos roces diplomáticos innecesarios.​Pero lo más grave es que, producto de un dogmatismo cerril y de una trasnochada admiración por revoluciones idas, en vez de una condena franca y contundente, se busque vender que el anuncio de Ortega de no volver a realizar elecciones es una decisión democráticamente tomada por el pueblo nicaragüense, cuando es evidente, al contrario, que se trata de la determinación de un gobierno autoritario de perpetuarse en el poder arrebatándole definitivamente a la ciudadanía de ese país precisamente el derecho democrático de decidir a sus gobernantes. Investigador del IIJ-UNAM @lorenzocordovavÚnete a nuestro canal