De aquella Revolución Sandinista que a finales del siglo pasado fascinó a la izquierda mundial queda poco más que la simbología. El 19 de julio, en el acto por el 47 aniversario del triunfo revolucionario en Managua, Daniel Ortega —el guerrillero que combatió a la dictadura somocista, presidente entre 1985 y 1990 y de nuevo, sin interrupción, desde 2007— afirmó sin rodeos: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder". Y anunció un "muro" de leyes contra "los golpistas, los vendepatrias".PublicidadEl anuncio, que pocas horas después saldrían a matizar desde el propio poder, no fue un exabrupto. Es el último peldaño de una larga deriva que hace tiempo dejó de disimularse.Las declaraciones tuvieron un eco internacional inmediato. En apenas tres días, ocho gobiernos del hemisferio y varios organismos condenaron el anuncio: en Estados Unidos, Marco Rubio habló de "naturaleza autoritaria" y llamó a aislar al régimen, pero también las vecinas Costa Rica y Guatemala, República Dominicana, Chile, Brasil; Panamá fue más lejos y retiró a su embajador.El ruido obligó al Estado nicaragüense a corregir el tiro. El martes 21, Rosario Murillo —esposa de Ortega, elevada a "copresidenta" por la reforma constitucional de 2025 y considerada por los analistas la verdadera administradora del poder— aseguró que las reformas garantizarán "procesos soberanos libres y democráticos de elección nacional y local de autoridades, decididos por los nicaragüenses": no serán, dijo, "elecciones al gusto de las potencias". Al día siguiente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, remató la operación: sí habrá comicios, pero blindados frente a la injerencia extranjera y a los "traidores a la patria". "Nunca más vamos a tener a un yanqui dirigiendo las elecciones de nuestro país", zanjó. El texto de la reforma se espera para la primera semana de agosto.Que Estados Unidos y otras potencias hayan intervenido en procesos electorales de la región es un hecho histórico, y sobre ese fondo el régimen construye su coartada soberanista. Pero los antecedentes nicaragüenses despejan la duda sobre el objetivo real: perpetuar al matrimonio Ortega-Murillo. En las últimas elecciones, las de 2021, fueron encarcelados siete aspirantes presidenciales y tres partidos perdieron su personería jurídica. Para los comicios previstos para noviembre de 2027 se espera que la pareja presidencial vuelva a concurrir.Una arquitectura a medidaLa reforma electoral llega tras una profundísima reforma constitucional. La que entró en vigor en febrero de 2025 modificó 148 de los 198 artículos y derogó otros 37, incluido el que prohibía la tortura. Convirtió los poderes del Estado en "órganos" coordinados por el Ejecutivo, amplió el mandato de cinco a seis años, aplazó a 2027 las elecciones que tocaban en 2026, sumó la bandera rojinegra del Frente Sandinista (FSLN) a los símbolos patrios y creó la copresidencia, que garantiza que, si uno de los dos falta, el otro conserva el poder.PublicidadLa nueva Carta Magna define además al Ejército como única fuerza armada, subordinada a la Presidencia, que puede ordenar su intervención en apoyo de la Policía. Y da cobertura legal a fuerzas afines: nacen las "fuerzas militares de reserva patriótica" y, sobre todo, la "Policía Voluntaria". El nombre no es casual: es el mismo con el que Ortega bautizó en 2018 a los civiles armados con los que el sandinismo respondió a las protestas, en una represión que las organizaciones de derechos humanos cifran en unos 350 muertos.Vaciar el país de oposiciónLa deriva avanza además sobre un país cada vez más vacío de opositores. El régimen ensayó con éxito en febrero de 2023 una fórmula sin antecedentes: excarceló a 222 presos políticos, los embarcó en un avión rumbo a Estados Unidos y, horas después, mediante una ley aprobada de urgencia, los declaró "traidores a la patria", les retiró la nacionalidad y les confiscó los bienes. Días más tarde repitió con otros 94, entre ellos Sergio Ramírez, Gioconda Belli y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez. En septiembre de 2024 desterró a otros 135 a Guatemala. Naciones Unidas contabiliza ya 452 desnacionalizados; la misma reforma constitucional legalizó la apatridia.Entre los desterrados a Guatemala viajaba Julio García Guevara, dirigente comunista de setenta años, diecisiete meses preso. Su caso ilustra el desdibujamiento del sandinismo histórico: una purga que alcanza también a la izquierda que un día acompañó a Ortega. "Ortega es un grandísimo traidor", declaró al ser liberado; "nunca me arrepentiré de luchar por mi clase obrera".PublicidadBien lo saben los viejos compañeros de trinchera que acabaron confrontándolo. Violeta Chamorro, que integró con Ortega la Junta de Reconstrucción Nacional de 1979 y lo derrotó en las urnas en 1990, murió en el exilio costarricense en junio de 2025 rodeada de sus hijos desterrados; sus restos aguardan en San José "hasta que Nicaragua vuelva a ser República". Dora María Téllez, comandante guerrillera, fue encarcelada y desterrada. Su propio hermano, Humberto Ortega, primer jefe del Ejército Popular Sandinista, murió en septiembre de 2024 bajo custodia policial y militar. Y el último comandante de la vieja guardia que aún ocupaba un cargo, Bayardo Arce, fue detenido en julio de 2025.La purga, atribuida por los analistas a Murillo, ya no distingue entre opositores y fundadores. El círculo de poder, calcula el politólogo Manuel Orozco, ha pasado de más de trescientas fichas a menos de cincuenta.La sucesión que se preparaToda esa ingeniería apunta a un horizonte cada vez más próximo: la transición. Ortega cumplió 80 años en noviembre y su deterioro físico es evidente; antes del acto del 19 de julio llevaba dos meses sin aparecer en público. En ese vacío ha ganado enteros Murillo, verdadera administradora del poder. La familia opera como un conglomerado político y económico: ocho de los nueve hijos ocupan puestos en el aparato estatal y seis están sancionados por Washington. En la cúspide asoma Laureano Ortega Murillo, canciller de facto y gestor de las relaciones con China, Rusia e Irán, señalado como delfín, aunque Orozco sostiene que rehúye el papel y describe la operación dinástica como "una fruta podrida".