Por primera vez, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anticipó que no permitirá elecciones que pongan en riesgo la continuidad del oficialismo y ordenó al Parlamento preparar el marco legal para ello. Lo anunció el pasado domingo, en la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, en una inusual aparición pública.
Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista que lideró la revolución contra la dictadura de los Somoza, acumula casi 20 años consecutivos en el poder. Tras perder varias elecciones en los 90, fue reelegido en 2007, pero desde entonces, su régimen ha derivado en un modelo cada vez más autoritario.
Desde las masivas protestas de 2018, donde murieron más de 300 personas, el régimen encarceló a miles de opositores, reprimió cualquier forma de disidencia, cerró medios de comunicación y envió a miles de personas al exilio, arrebatándoles la nacionalidad. Sin embargo, “el proceso de concentración del poder es previo y se va dando de forma gradual”, dice Carlos Malamud, investigador del Real Instituto El Cano.
Ya en 2016 el libro El régimen de Ortega advertía que el mandatario “ha consolidado un poder personal y familiar, como nadie antes en la historia moderna de Nicaragua, incluido los Somoza” y constituyó “un régimen sultanístico, en que la voluntad e intereses del sultán se confunden con los del Estado”.
