Criterio urbanoReducir las extorsiones implica tener un mejor control de las cárceles.
Guatemala encarcela a menos personas que cualquier otro país de América Latina (con relación a su población) y, aun así, tiene las cárceles más saturadas de la región. Esa contradicción —123 privados de libertad por cada cien mil habitantes, la tasa más baja del continente, junto a una ocupación de 289% de la capacidad instalada, la más alta— resume el problema del sistema penitenciario nacional. No es un problema de exceso de prisión. Es un problema de un Estado que dejó de construir, de contratar y de rehabilitar.
Esto ocurre por la falta de capacidad del Estado guatemalteco de aumentar la inversión pública, así como no hemos podido construir carreteras, hospitales, escuelas nuevas, tampoco el Estado puede construir cárceles. Este es el momento de buscar nuevos modelos de APP y sistemas de contratación con contratos de diseño, construcción, operación y mantenimiento.
Los números son claros. Según la presentación del Cien, realizada durante el foro retos y oportunidades del Sistema Penitenciario en Guatemala, organizado la semana pasada por Fundesa, como parte de las actividades previas al Enade 2026, entre 2008 y 2020 la población reclusa se triplicó, de ocho mil 409 a 25 mil 335 personas. En ese mismo periodo, la capacidad carcelaria pasó de seis mil 812 a seis 842 espacios: 30 plazas adicionales en más de una década.
