ConcienciaNo basta con construir más cárceles. Guatemala también necesita un sistema penitenciario distinto.
Cada vez que en Guatemala ocurre una fuga, un motín o se señala que desde la cárcel se coordinan extorsiones, el Sistema Penitenciario (SP) vuelve a ser señalado. Se habla de la falta de control, se piden sanciones y se exige que no vuelva a suceder. Sin embargo, pocas veces se analiza por qué el sistema llegó a ese punto y qué tendría que cambiar para que realmente funcione.
El SP es una pieza del sistema de justicia penal. Su responsabilidad no termina cuando una persona ingresa a prisión; más bien, ahí comienza. Debe garantizar el cumplimiento de la condena, evitar que desde las cárceles se siga cometiendo delito y, al mismo tiempo, crear condiciones para reducir la reincidencia. Cumplir esas tres tareas se ha vuelto cada vez más difícil porque el sistema opera desde hace años muy por encima de su capacidad.
La infraestructura es el mayor desafío. A junio de este año había 23 mil 40 personas privadas de libertad para un sistema diseñado para alrededor de siete mil 600. Con un hacinamiento superior al 300%, mantener el orden ya representa un enorme reto. En esas condiciones resulta muy difícil clasificar a los privados de libertad según su nivel de riesgo, separarlos adecuadamente o desarrollar programas permanentes de educación, capacitación para el trabajo o tratamiento de adicciones. La prioridad termina siendo resolver la coyuntura.
