NoticiaGarantizar condiciones dignas en los centros de reclusión será tarea del gobierno del entrante presidente, Abelardo de la Espriella.Hacinamiento en estaciones de Policía en la capital del Valle. Foto: Personería de CaliPERIODISTA JUDICIAL26.07.2026 22:07 Actualizado: 26.07.2026 22:07
El informe de empalme que deja la administración saliente al gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, refleja distintos puntos que requieren atención urgente en el sistema carcelario. Uno de ellos es el hacinamiento, una problemática que desde hace años ha sido una ‘papa caliente’ para diferentes mandatarios.El documento elaborado por el Inpec y firmado por su director, el coronel Daniel Gutiérrez, da cuenta de que en los últimos cuatro años, de gobierno de Gustavo Petro, el hacinamiento en las cárceles del país se incrementó en siete puntos porcentuales. Y es que pasó de un 19,9 por ciento en 2022, a un 27,1 por ciento a corte de marzo de este año.Entre las circunstancias que han llevado a que se registran casos de celdas congestionadas o con sobrecupo son varias. No solo ha aumentado la población carcelaria sino que el sistema no ha entregado en pleno funcionamiento las prisiones previstas, y se cerró la cárcel de La Ceja, Antioquia, lo que obligó a las autoridades a redistribuir a los internos.Hacinamiento carcelario en Medellín Foto:Archivo EL TIEMPOLas cifras permiten hacerse una radiografía del estado en el que se está. En lo que respecta a capacidad instalada, el sistema penitenciario en el más reciente cuatrienio pasó de 80.647 a 81.025 cupos, una cifra que es muy pequeña si se compara con el crecimiento de la población intramural, que subió en 6.246 personas.“El crecimiento de la población intramural fue superior al aumento de la capacidad (...) El comportamiento del índice de hacinamiento durante el periodo no solo responde al crecimiento de la población intramural, sino también a ajustes derivados de condiciones físicas y técnicas de la infraestructura existente”, dice el documento elaborado para el empalme entre las dos administraciones.Hacinamiento en la cárcel de Itagüí Foto:ArchivoEn diálogo con este diario, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, subrayó que una de las tareas es terminar las cárceles nuevas y ampliar pabellones en las existentes. “También nos parece una tarea fundamental, complementaria a todo lo anterior, fortalecer los programas dirigidos a la población carcelaria para que cumplan con los objetivos de rehabilitación plena”, puntualizó.Al hacinamiento le vienen haciendo seguimiento diversas autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Corte Constitucional, que en el año 2022 extendió el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) a los centros de detención transitoria y estaciones de policía, en los cuales se ha registrado un sobrecupo en las celdas que ha hecho que no se garanticen necesidades básicas para la población carcelaria.Coronel Daniel Gutiérrez en la cárcel El Buen Pastor. Foto:InpecOtra de las entidades a cargo de hacerle vigilancia al hacinamiento es la Contraloría, que en un reciente reporte puso de presente la depreciación de carros adquiridos para prestar el servicio de traslados. Y es que en varios centros de reclusión los vehículos no están operando, aunque el Inpec y la Uspec han hecho esfuerzos por dotar con mejores elementos a la guardia.Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.








