Noticia Exclusivo suscriptores La Corte Constitucional ha reiterado en cuatro oportunidades que en las prisiones se padece una grave y masiva violación de derechos humanos.A cargo del Ministerio de Justicia está el sistema de cárceles a nivel nacional. Foto: Archivo El Tiempo08.07.2026 08:49 Actualizado: 08.07.2026 08:49
A partir del próximo 7 de agosto, el nuevo presidente de Colombia será el abogado Abelardo De La Espriella, y con él, como ya fue anunciado, llega a la cartera de Justicia el penalista Iván Cancino. Este último enfrentará múltiples retos en diversas materias, entre las que está la crisis permanente del sistema penitenciario. Un problema de alta magnitud que ningún presidente ha solucionado desde hace casi tres décadas, y que necesitará una inyección de recursos y la atención plena por parte del alto gobierno.El problema no ha sido ajeno a ninguno de los últimos cinco gobiernos, pues desde 1998 la Corte Constitucional ha reiterado que en las 132 prisiones a cargo del Estado se padece un Estado de Cosas Inconstitucional, es decir, una grave y masiva violación de derechos humanos. Entre los principales problemas está la sobrepoblación, la cual se ubica en un 25,4% según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).El último pronunciamiento de la Corte Constitucional, del pasado 15 de mayo, no dista de la radiografía anunciada ya hace 28 años. Tras visitas a la cárcel de mediana seguridad de Riohacha, en La Guajira, la alta corte estableció que ese lugar no cuenta con un suministro de agua potable, por lo que deben allegar el líquido con carrotanques. Irregularidades como falta de espacios dignos, limitaciones en los programas de resocialización y más dificultades fueron advertidos en centros penitenciarios de Santander y César.Cárcel de Cómbita. Foto:Corte ConstitucionalEn el último reporte de la Defensoría del Pueblo, de mayo pasado, la entidad hizo un diagnostico de 20 establecimientos de reclusión de orden nacional, lo que corresponde al 16 % del total en prisiones y de cuyo funcionamiento depende la custodia de 33.567 privados de la libertad. La entidad, dirigida por Iris Marín, evidenció carencias que impactan de manera directa la dignidad humana y la salubridad.“Déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias en establecimientos con alta concentración poblacional y ausencia de espacios adecuados para garantizar el derecho a la visita íntima. En la prestación de servicios de salud, además de otros hallazgos, detectó barreras recurrentes en la provisión de servicios: demoras en la autorización de procedimientos, dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos, como el presentado de manera crónica en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá”, explicó la Defensoría.Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, el problema está extendido a los centros de reclusión transitoria, como URI y estaciones de Policía, que dependen de las alcaldías. En 55 lugares visitados, la Defensoría pudo establecer que la infraestructura pensada para unas permanencias cortas, no que se supone no deberían ser superiores a 36 horas, se está constituyendo en espacios de estancias prolongadas, con déficits considerables en ventilación, luz natural, acceso a recreación. La entidad también registró brechas en el acceso al sistema de defensa, información procesal y mecanismos seguros de quejas.URI de Puente Aranda. Foto:Secretaría de Seguridad.En 2020, el profesor de la Universidad EAFIT de Medellín, Santiago Tobón, publicó un estudio que marcó un escenario claro en medio de esta problemática: en Colombia la probabilidad de regresar a la cárcel, al año siguiente de obtener la libertad, es 36 % menor para quienes pagaron su pena en establecimientos con buenas condiciones, los cuales, en realidad, son escasos. El académico encontró que, por ejemplo, tras un año de conseguir la libertad, el 9,8 % de los excarcelados reinciden cuando salen de prisiones viejas, sin embargo, solo el 6,3 % lo hacen después de pagar su pena en establecimientos con mejores condiciones.La crisis de seguridad de funcionarios del InpecEn enero de 2026, Colombia volvió a presenciar un hecho victimizante contra un miembro del Inpec. Se trató del ataque sicarial en contra del coronel retirado Renato Solano, quien era subdirector de la cárcel de Neiva. La víctima viajaba junto al director del centro penitenciario y un niño de apenas 11 años en un vehículo, cuando se vieron sorprendidos por dos hombres en motocicleta que arremetieron contra los ocupantes. Una escena que se ha repetido decenas de veces en los últimos años.Días después del asesinato de Solano, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que desde 2023 se han presentado 58 atentados que han dejado 22 funcionarios asesinados. El informe presentado ante la opinión pública también estableció que 38 personas vinculadas a la entidad han resultado lesionadas en medio de los ataques que se han presentado en varias zonas del país. Las amenazas de muerte, a corte de principios de 2026, superaban las 1.136.El director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez. Foto:Cortesía'Universidades del crimen'Uno de los puntos que han marcado el sistema de prisiones durante 2026 fue el fenómeno revelado por el exministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien señaló que autoridades de El Salvador identificaron al menos 101 líneas telefónicas desde las cuales se estarían realizando extorsiones originadas en Cómbita (Boyacá). Según indicó, funcionarios de ese país manifestaron su impacto frente a la forma en que delincuentes se hacen pasar por secuestradores para exigir dinero, en un “montaje psicológico” que alertó al presidente Nayib Bukele.Funcionarios del Gobierno salvadoreño explicaron que los extorsionistas simulaban situaciones de alto riesgo, en donde se reclamaba dinero por personas supuestamente secuestradas. Los delincuentes, señalan, obtenían información previa de las víctimas mediante redes sociales y falsas ofertas de empleo, lo que les permitía hacer las amenazas creíbles. Con esos datos, presionaban a familiares para que consignaran dinero de manera inmediata.Una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), de 2024, estableció que se tienen identificadas siete prisiones donde se extorsiona masivamente al interior de las rejas. Entre ellas está, justamente, Cómbita. También La Picota de Bogotá, La Dorada en Caldas, Girón en Santander, Popayán en Cauca, La Picaleña en Ibagué y La Paz de Itagüí. Esta última es recordada por, aparte, haber sido epicentro de la fiesta vallenata de Nelson Velásquez por parte de criminales del Valle de Aburrá que negociaban la paz con el gobierno nacional.Cárcel de Itagui Foto:ArchivoMegacárceles, del discurso a la realidad El presidente Abelardo De La Espriella ha sostenido una agenda que involucra la mano dura contra delincuentes y la creación de nuevas cárceles en el país. El proyecto busca que las nuevas prisiones cuenten con vigilancia que esté a cargo de veteranos y reservistas militares. Agrega que puede instaurarse un sistema bajo esquemas de concesión a largo plazo, para frenar el fenómeno de la extorsión y, según él, combatir el crimen organizado que impera en los penalesDe acuerdo con María Isabel Mora, coordinadora del Grupo de Prisiones de la Universidad de Los Andes, la construcción de nuevas cárceles no será una solución a la crisis del sistema penitenciario. De acuerdo con la investigadora, el sistema lleva más de tres décadas en estado crítico y la experiencia demuestra que la apertura de nuevos cupos no corrige el problema de fondo. Incluso, en sus palabras, puede agravarlo.María Isabel Mora, experta en prisiones de la Universidad de Los Andes. Foto:Universidad de Los Andes“Cada vez que se crean más cárceles, aumenta la población privada de la libertad, sin que ello implique mejoras reales en las condiciones de reclusión. Lo que se requiere es una intervención estructural en la política criminal: revisar a quiénes se priva de la libertad, por qué delitos, por cuánto tiempo y bajo qué criterios de condena. La respuesta no está en multiplicar cárceles, sino en transformar el enfoque punitivo que las sostiene”, explicó Mora en diálogo con EL TIEMPO.Para la investigadora Lina Porras, jurista de Temblores ONG, “mientras no se atiendan las causas de los delitos y tampoco se implementen medidas de alternatividad penal estas nuevas cárceles volverán a llenarse. Además, los recursos que se usan para la construcción de nuevos establecimientos deberían ser dirigidos a la dignificación de los cupos que ya existen: alimentación, infraestructura, saneamiento básico, siguen siendo deudas pendientes”.“La pregunta de fondo no es cuántas cárceles más necesita el país, sino cuánto estamos dispuestos a invertir en evitar que las personas lleguen a ellas. Si no fortalecemos la educación, la salud mental, la prevención del delito, la inclusión social y las oportunidades económicas, la criminalidad seguirá existiendo y tarde o temprano esos nuevos cupos volverán a estar ocupados”, agrega Nicolás Martínez, experto en prisiones y asesor de la Defensoría del Pueblo. A su turno, la organización surcoreana especializada en resolución de conflictos, HWPL, explica que “la crisis penitenciaria no debe abordarse únicamente mediante la expansión de infraestructura carcelaria, sino también mediante esfuerzos preventivos y educativos que traten las causas profundas de la violencia y el delito. Son importantes las soluciones centradas en educación para la paz, formación en valores, reintegración social y recuperación de la dignidad humana. Pensamos que programas como servicio comunitario, educación, mediación y formación en resolución pacífica de conflictos pueden ayudar a reducir la reincidencia y generar cambios sociales reales". Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com @SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
