El reporte sostuvo que el acceso a centros de reclusión se vuelve más limitado cuando las verificaciones apuntan a corrupción, malos tratos y prácticas abusivas de guardia, en contraste con inspecciones sobre servicios básicos - crédito ColprensaUn informe enviado a la Corte Constitucional denunció trabas al monitoreo independiente en las cárceles colombianas y advirtió que las restricciones aumentan cuando las visitas buscan indagar hechos de corrupción, tortura, violencia sexual y otros abusos dentro del sistema penitenciario.El documento, remitido por la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, señaló impedimentos para vigilar el cumplimiento de la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario colombiano. También advirtió que esas limitaciones se agravan cuando las investigaciones apuntan a posibles violaciones graves de derechos humanos o a prácticas abusivas de la guardia.PUBLICIDADEl informe sostiene que esos obstáculos afectan el monitoreo externo sobre las órdenes dictadas para atender la crisis del sistema penitenciario colombiano. Vincula las restricciones con algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).Según el documento, el acceso suele ser menos restrictivo cuando las visitas se enfocan en salud, alimentación o habitabilidad. En esos casos, las fallas se atribuyen a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), a contratistas e interventorías encargadas de la prestación del servicio.El escrito señaló que en inspecciones centradas en condiciones de vida se atribuyen fallas a la Uspec, contratistas e interventorías, pero que el acceso se dificulta cuando se busca documentar agresiones o delitos - crédito John Paz/Colprensa y @USPEC_Colombia/X/InpecLa situación cambia cuando las visitas se orientan a investigar corrupción, violencia sexual, tortura, malos tratos o prácticas abusivas de la guardia. Ahí, según la Comisión, aparecen controles más restrictivos y obstáculos para el trabajo de verificación.PUBLICIDADEl informe detalló ejemplos concretos sobre la forma en que operan esas restricciones. “Se han documentado casos en los que se impide la realización de entrevistas privadas, se obstaculiza el uso de grabadoras o cámaras, o incluso se interrumpe la conversación con personas privadas de la libertad cuando se abordan temas de violaciones graves de derechos humanos”.La Comisión advirtió que ese tipo de actuaciones de funcionarios del Estado refleja una obstaculización de la transparencia y del escrutinio externo. Añadió que esas prácticas podrían vulnerar las órdenes emitidas por la Corte Constitucional.El reporte también motivó pronunciamientos de los magistrados de la Sala de Seguimiento de la ECI, que denunciaron trabas del Inpec y de la Policía para vigilar si avanza la superación de la crisis humanitaria en las cárceles.PUBLICIDADEse escenario afecta a miles de presos por el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad y los posibles abusos de autoridad de algunos funcionarios.