SEMANA obtuvo en exclusiva acceso completo al informe que la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión le envío a la Corte Constitucional para denunciar los impedimentos y obstáculos que le han aparecido al monitoreo independiente que vigila el cumplimiento de la sentencia que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario colombiano. En medio de ese informe apareció una grave denuncia que salpica a algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): los guardias estarían aumentando las restricciones cuando se investigan casos de corrupción, tortura o violencia sexual.La situación quedó en evidencia cuando la Comisión de Seguimiento evidenció que las limitaciones al acceso y al ejercicio de investigación no se presentan de manera idéntica, sino que varían según el objetivo o eje temático de la investigación. Cuando las visitas se orientan a temas como las condiciones de salud, alimentación o habitabilidad, según el documento, el acceso “tiende a ser menos restrictivo”, y hasta habrían buscado la forma de echarle la culpa de las falencias a la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), a los contratistas y a las interventorias encargadas de la prestación del servicio. Un grupo especial del CTI se tomó la sede principal del Inpec en Bogotá: ¿qué buscan?Pero las limitaciones se agravan cuando las visitas se orientan a casos de corrupción, violencia sexual, tortura, malos tratos o prácticas abusivas de la guardia; el informe detalla: “Se han documentado casos en los que se impide la realización de entrevistas privadas, se obstaculiza el uso de grabadoras o cámaras, o incluso se interrumpe la conversación con personas privadas de la libertad cuando se abordan temas de violaciones graves de derechos humanos“.La Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión le advirtió a la Corte Constitucional que ese tipo de prácticas por parte de funcionarios del Estado, reflejan una resistencia institucional a la transparencia y al escrutinio externo, el cual, estaría vulnenado las órdenes que ha emitido esa propia corte.Ese grupo de organizaciones y académicos también alertó que ese tipo de conductas “perpetúa la impunidad” frente a hechos de violencia y corrupción dentro del sistema penitenciario.Frente a este delicado reporte fue que los magistrados de la Sala de Seguimiento de la ECI salieron a denunciar trabas por parte del Inpec y de la Policía para vigilar si se está trabajando en superar la grave crisis humanitaria que viven miles de presos del país por el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad y los posibles abusos de autoridad de algunos funcionarios.