NoticiaEl órgano de control encontró fallas en la activación oportuna de rutas de protección, previo al siniestro expediente de abuso sexual.En todo el país se mantiene rechazo y el clamor a que cesen la violencia sexual hacia toda persona. Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO04.06.2026 07:35 Actualizado: 04.06.2026 07:35
La Procuraduría General de la Nación le envió un fuerte llamado de atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por cuenta del expediente de abuso sexual que cobró la vida de la bebé de tan solo seis meses, Mía Cataleya Ramírez, en el Espinal (Tolima), a finales de mayo pasado.El órgano de control le exigió a la Regional Tolima del ICBF garantizar de forma permanente e ininterrumpida la atención y protección integral de niños, niñas y adolescentes en ese departamento. Mía Cataleya Ramírez fue asesinada producto de una violación por parte de un hombre sin identificar.El caso se dio a conocer públicamente luego de que la madre de la bebé violentada acudiera al hospital San Rafael de la ciudad con la víctima. Ante la gravedad del hecho, sumado a múltiples agresiones en miembros inferiores y superiores, la menor de edad fue llevada a Ibagué, donde falleció pese a recibir atención medica especializada.La bebé había luchado por su vida durante días. Foto:Archivo EL TIEMPOLa Procuraduría activó una actuación preventiva contra la Regional Tolima del ICBF tras conocer información sobre presuntas fallas en la activación oportuna de rutas de protección y restablecimiento de derechos en el caso de abuso sexual.“La Entidad requirió al ICBF - Regional Tolima disponer de defensores de familia y equipos interdisciplinarios con atención 24 horas, fortalecer la articulación con hospitales, comisarías, personerías, Policía y Fiscalía, e informar las medidas adoptadas para asegurar la prestación continua del servicio en el Tolima”, explicó el ente de control.Y agregó: “la niñez goza de protección reforzada y que las autoridades competentes deben actuar con diligencia, oportunidad y de manera inmediata ante cualquier amenaza, vulneración de derechos, violencia o violencia sexual”.Edificio de la Procuraduría. Foto:Archivo particular.En su momento, la Defensoría del Pueblo se expresó acotando que toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por ello, agregó la entidad, su protección en todos los entornos debe ser una prioridad, pues la violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos un menor de edad.“Insistimos en la importancia de que familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activen de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes, y contribuyan a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia”, concluyó la Defensoría.La agresión sexual sucedió en un barrio de El Espinal, donde la niña vivía con su madre soltera quien, como indicaron las autoridades, sería consumidora de alucinógenos. Su identidad no ha sido revelada, pero se conoció que se trata de una joven de 24 años que se encuentra bajo protección de la Policía.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
