Investigación Exclusivo suscriptores Le dieron 3 días para presentar pruebas dentro de su derecho a la defensa y contradicción.Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del ICBF. Foto: Archivo particular16.07.2026 10:29 Actualizado: 16.07.2026 10:30
Desde febrero de 2025, dos menores de 11 y 5 años de edad, fueron sacadas de Colombia por uno de sus padres —un conocido empresario mexicano— y hasta hoy no es claro el lugar en el que permanecen.Lo concreto es que la progenitora de las niñas inició una batalla legal en contra de su expareja, para que se cumpla la orden de la Sala de Casación de la Corte Suprema, que determinó que las menores no podían ser separadas de su madre. LEA TAMBIÉN Sin registro migratorioLa decisión de aperturar el incidente de desacato. Foto:Archivo particularEn medio de ese proceso, han salido a relucir otros puntos que ya son investigados por las autoridades colombianas.En efecto, en un oficio enviado el pasado 17 de junio a Gilberto Guerrero Díaz, vicefiscal general de la nación, la apoderada de Melisa Zuluaga Castro -la madre de las menores-, aseguró que no existen registros migratorios que permitieran establecer de manera clara y verificable la forma en que las niñas fueron sacadas del país.De hecho, interpuso una acción de tutela que llegó a la Corte Suprema en la que pide el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.Por eso, el pasado 10 de febrero, se aceptó la petición y se ordenó que Zuluaga Castro no fuera separada de las niñas y que se le garantizara el derecho de visita a las menores. LEA TAMBIÉN El desacatoLa directora de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres. Foto:minagriculturaDespués de ese fallo, la defensa de la madre de las menores en cabeza de la abogada Luz Amanda Avella Pinto, asegura que no se ha cumplido la orden del juez y que siguen sin tener información de las pequeñas de 5 y 11 años.De hecho, manifestaron que las menores fueron declaradas como desaparecidas por la Fiscalía y que hay dos circulares amarillas de Interpol con las que se busca dar con el paradero de las niñas, que se cree estarían en México.EL TIEMPO estableció que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira acaba de declarar en desacato a la directora del ICBF, Astrid Liliana Cáceres, y al Consejo Directivo de la entidad como superior jerárquico, tras no haberse garantizado el cumplimiento de la orden de no separación de las menores de su madre.Además, le dieron 3 días a Cáceres para que exponga las justificaciones del caso y aporte las pruebas que pretenda hacer valer en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción.El Tribunal también requirió a la oficina de Gestión Humana del ICBF, o quien haga sus veces, para que allegue el número de cédula y acto de nombramiento de la Directora General de esa entidad. A fin de que se pueda identificar e individualizar de manera correcta a la funcionaria dentro del presente trámite incidental.El despacho además, ofició a la Procuraduría para que en su calidad de autoridad disciplinaria ejerza sus funciones de control ante el incumplimiento de la orden de tutela. LEA TAMBIÉN ¿Qué dice el ICBF?Sede del ICBF. Foto:Archivo particularEL TIEMPO le consultó al ICBF por el caso y aseguraron que a través de la Subdirección de Adopciones, en su calidad de Autoridad Central para la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, se han atendido las órdenes impartidas por la autoridad judicial. "En ese marco, se ha informado a la señora Melisa Zuluaga Castro sobre el estado del trámite de restitución internacional. Asimismo, el 8 de julio de la anualidad se contestó el requerimiento previo desacato ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira", aseguraron desde la entidad. Cuando EL TIEMPO les preguntó cómo explican que las niñas hubiesen sido sacadas del país sin registros migratorios y permisos correspondientes, respondieron: "El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no es la autoridad competente para establecer las circunstancias en que las menores de edad salieron del territorio nacional ni para determinar si existió o no un incumplimiento de los controles migratorios. En su calidad de Autoridad Central para la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, sus funciones se circunscriben a tramitar y hacer seguimiento a las solicitudes de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, así como a coordinar la cooperación con las Autoridades Centrales de los demás Estados Parte del Convenio".Y agregaron: "La verificación de las circunstancias de salida del país, la existencia de registros migratorios y la eventual comisión de conductas punibles corresponde a las autoridades competentes, en el ámbito de sus respectivas funciones".EL TIEMPO intentó comunicarse con la apoderada en Colombia del padre de las menores para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no había respondido.UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
