Noticia Exclusivo suscriptores La meta era construir 7.227 nuevos cupos y dejarlos al 100 por ciento; sin embargo, ninguna de las obras que suman $ 1,07 billones quedará terminada. Cárcel en construcción en Riohacha, La Guajira. Foto: Archivo particular26.07.2026 22:24 Actualizado: 26.07.2026 22:24 26.07.2026 22:24 Actualizado: 26.07.2026 22:24

La posesión del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella, está a poco menos de dos semanas de ser una realidad y, durante el proceso de empalme, el gobierno saliente de Gustavo Petro ha entregado información detallada de su gestión durante los últimos cuatro años. El sistema penitenciario, según conoció EL TIEMPO, será entregado con más presos, menos cupos disponibles en proporción y un déficit de guardianes.A esta problemática de alto nivel se suman las falencias reconocidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), una entidad hermana del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cuya labor es administrar los millonarios recursos de todo el sistema.En cuanto al componente de seguridad humana y justicia social, cuyo norte es superar la grave vulneración de derechos humanos en las cárceles reconocida por la Corte Constitucional, la Uspec reportó que no existe un solo avance en absoluto relacionado con la meta de creación de nuevos cupos en infraestructura, lo que contrasta con el incremento del hacinamiento de siete puntos porcentuales en el último cuatrienio.La meta en este lapso era construir 7.227 nuevos cupos con proyectos al 100 % de ejecución. Sin embargo, el indicador oficial del Plan Nacional de Desarrollo cerró con un avance del 0 %. Es decir, la Uspec no logró entregar una sola prisión nueva y funcional en los últimos cuatro años, pese a que los cinco grandes proyectos de construcciones nuevas —Sabanas de San Ángel, Riohacha, Pereira, Silvia (Cauca) y Barrancabermeja— representan una inversión programada superior a 1,07 billones de pesos y prometen, cuando culminen, 7.222 nuevos cupos.Ccárcel de Villahermosa. Foto:Archivo particular.En diálogo con este diario, el director (e) de la Uspec, Fidel Espitia, indicó que “la ausencia de una entrega material durante el cuatrienio no significa que no se haya avanzado, sino que los proyectos fueron recibidos en diferentes condiciones”.El mayor logro fue cortar el listón, en 2025, de la primera fase de la cárcel de Pereira, lo cual tuvo una inversión de más de 123.000 millones de pesos. No obstante, todavía resta la segunda fase, la cual va al 47,6 % a corte de marzo pasado, y que le costará al país más de 118.000 millones de pesos.El propio informe de empalme reconoce que el problema de infraestructura obedece a un rezago histórico de inversión. Según la Uspec, de 5.412 necesidades de infraestructura identificadas (como adecuaciones o mejoras al inventario), apenas el 5 % podrá ser atendido durante 2026, lo que dejará un rezago estimado de 5.142 necesidades sin resolver.Fidel Ignacio Espitia, director de la Uspec. Foto:UspecAdemás, la entidad calcula que solo para atender el 20 % de esas necesidades en 2027 serán necesarios cerca de $ 420.897 millones, y que cerrar completamente la brecha de deterioro de la infraestructura requerirá recursos progresivos por aproximadamente $ 3,9 billones durante los próximos ocho años.Eso representa un reto significativo para el gobierno del electo presidente Abelardo De La Espriella, quien tuvo como una de sus banderas de campaña hacerle modificaciones al sistema penitenciario y carcelario, y construir 10 ‘megacárceles’ para delincuentes.La infraestructuraEntre los proyectos que probablemente terminará de ejecutar el nuevo gobierno se encuentra la construcción de la nueva cárcel de Riohacha, en La Guajira, la cual a corte de marzo tiene un avance del 85 %. Se espera que esté listo a finales de este año, que le otorgue un total de 1.722 cupos al sistema penitenciario y que la inversión total sea de 283.000 millones de pesos. Asimismo, la nueva cárcel de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, está en un estado de avance del 82 % y se espera que pueda entregarse en 2027. Esta prisión de orden nacional fortalecerá el sistema con 1.974 nuevos cupos y tendrá una inversión final de $ 289.000 millones.Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto:Abelardo de la EspriellaPor otro lado, hay un par de proyectos que recién podría inaugurar el nuevo gobierno en la parte medular de su mandato. El primero es la cárcel exclusiva para población indígena que se está construyendo en Silvia, Cauca, la cual tiene un estado de avance del 25 % y le otorgará 500 nuevos cupos al sistema. Esa prisión tiene una inversión programada de 58.000 millones. Y, luego, está la nueva prisión de Barrancabermeja, Santander, cuyo avance es del 35 % y se espera que abra hasta 1.512 cupos, con una inversión de 197.000 millones.También se contrataron una serie de ampliaciones en Cartagena, Calarcá, Bellavista, Barranquilla, Buga y Acacías, que estarán listas entre finales de 2026 y 2027 con 1.984 cupos.Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:PresidenciaUno de los proyectos que más preocupa a la entidad es el de la cárcel de Sabanas de San Ángel. En el informe de empalme, la Uspec advierte que esta obra presenta un déficit financiero cercano a los $ 60.000 millones, recursos que deberán conseguirse para garantizar su culminación.Atención prioritariaEntre los temas que requieren prioridad técnica, según la Uspec, está la desfinanciación del presupuesto de inversión, pues existe una insuficiencia de recursos asignados para la ejecución de proyectos de adecuación a la infraestructura.“Esta situación limita la capacidad de la entidad para planificar, contratar y ejecutar oportunamente iniciativas orientadas al mejoramiento de las condiciones de reclusión y al fortalecimiento institucional”, se lee en el reporte. Según la Unidad, para la vigencia 2025 se solicitaron más de 218.000 millones de pesos, pero fueron asignados 144.000 millones, lo que corresponde al 66,25 % de lo requerido.La situación no mejoró para 2026, pues la entidad solicitó hasta $ 244.000 millones y se le asignaron únicamente 131.000 millones, reflejando una brecha de 46,1 %. “Esta reducción progresiva en términos relativos profundiza la imposibilidad de atender integralmente las necesidades identificadas, especialmente en un contexto de infraestructura envejecida y alta presión de uso derivada del hacinamiento”, agrega la entidad.La Picota. Foto:Archivo particularEsto ha llevado a que se contrate menos para las necesidades advertidas por el Inpec para las mismas vigencias. Pese a este panorama en infraestructura, el informe destaca resultados positivos de la gestión. La Contraloría feneció la cuenta de la vigencia 2024 y modificó su opinión sobre la ejecución presupuestal de la entidad, que pasó de “no razonable” a “razonable”, además de emitir una opinión contable sin salvedades, lo que la Uspec atribuye a mejoras en temas financieros.La entidad también asegura que durante los cuatro años logró mantener sin interrupciones los servicios esenciales para internos. En alimentación reportó cobertura nacional en aproximadamente 132 establecimientos, 256 estaciones de Policía, 67 unidades tácticas militares y otros centros de reclusión, garantizando el suministro diario de cerca de 123.738 raciones.En salud, informó que el sistema ya opera en el 100 % de los establecimientos, mejorando la trazabilidad de la atención y el registro clínico. Asimismo, reportó la culminación de bloques de alojamiento para guardias.Juan Diego Torres y Jhoan Sebastián Cote - Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.